La escena fue tan breve como impactante. Un padre recibió la primera notificación oficial por la amenaza escolar realizada por su hijo y, al conocer el monto del operativo policial que ahora deberá pagar, apenas atinó a decir: "Cara la jodita". La frase, revelada por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, expuso crudamente una crisis que dejó de ser un juego adolescente para convertirse en uno de los fenómenos más alarmantes del sistema educativo argentino tras el tiroteo que conmocionó al país en marzo. La intimidación enviada por el Gobierno santafesino supera los 6 millones de pesos. Exactamente, $6.024.944.
El monto corresponde al despliegue de fuerzas de seguridad y recursos estatales movilizados ante una amenaza de ataque escolar atribuida a un menor de edad. El procedimiento marca un antes y un después: por primera vez, el Estado comenzó a trasladar económicamente a las familias el costo de los operativos derivados de falsas amenazas. La escalada comenzó el 30 de marzo, cuando un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, en Santa Fe, y abrió fuego contra sus compañeros durante el izamiento de la bandera. El ataque terminó con la muerte de un estudiante de 13 años y dejó varios heridos.
Las imágenes y el horror de aquella mañana recorrieron el país y dejaron una herida profunda en la comunidad educativa. Según la reconstrucción judicial, el agresor había escondido el arma entre sus pertenencias y disparó dentro del patio interno mientras comenzaba la jornada escolar. Fue reducido por personal del establecimiento y luego detenido. Pero el impacto no terminó ahí. Desde entonces, comenzaron a multiplicarse amenazas de tiroteos en escuelas de distintas provincias, especialmente en Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Mensajes en redes sociales, cadenas de WhatsApp y publicaciones anónimas empezaron a sembrar miedo entre estudiantes, docentes y familias. Evacuaciones de emergencia, suspensión de clases, operativos policiales y padres desesperados se volvieron parte de una rutina impensada hace apenas algunos meses. En Santa Fe, el Gobierno decidió endurecer la respuesta. Durante una conferencia de prensa, Cococcioni confirmó que ya fueron identificados los responsables de 58 hechos distintos. "Más de 70 personas involucradas", precisó el funcionario, al explicar que en muchos casos intervienen varios autores o distintos adultos responsables.
Además, explicó: "A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones". Las notificaciones enviadas detallan el monto exacto de la deuda, las modalidades de pago y un plazo máximo de cinco días para cancelar el importe. Si eso no ocurre, los antecedentes pasan a la Fiscalía de Estado. La decisión oficial busca enviar un mensaje ejemplificador en medio de una situación que escaló hasta convertirse en una verdadera crisis social y educativa. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires la preocupación ya alcanzó otro nivel.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, junto al subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pelegrini, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, presentaron una denuncia ante la Procuración General para investigar quiénes están detrás de las amenazas registradas en más de 600 escuelas. La presentación judicial apunta a determinar si existe una estructura organizada detrás de los episodios o si se trata de ataques aislados que fueron replicándose por efecto contagio.
Según explicaron los funcionarios, buscan "dilucidar la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares". La denuncia tomó como punto de partida precisamente la masacre ocurrida en San Cristóbal, considerada el detonante de una ola de amenazas sin precedentes. En distintos puntos del país, el clima dentro de las aulas cambió drásticamente. Muchos estudiantes dejaron de asistir por temor. Familias enteras comenzaron a vivir con miedo ante cada mensaje viral o publicación sospechosa.
Las instituciones educativas reforzaron controles, activaron protocolos y coordinaron operativos especiales con fuerzas de seguridad. Las autoridades describen el fenómeno como una seguidilla de "copias" que se expande rápidamente a través de redes sociales y grupos de mensajería.