Fue un caso de gatillo fácil que marcó un antes y un después en la provincia. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó las condenas impuestas a los policías involucrados en el asesinato de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado a balazos por la policía provincial el 6 de agosto de 2020, en plena pandemia y en un episodio que horrorizó al país. En marzo de 2023, la Cámara Octava del Crimen de Córdoba había sentenciado a prisión perpetua a los cabos Lucas Damián Gómez (37 años) y Javier Catriel Alarcón (33 años) por ser coautores del homicidio calificado por ser miembros de la fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego, además de tentativa de homicidio, ya que en el auto donde iba Blas también viajaban cuatro amigos que sobrevivieron a la balacera.
El crimen se produjo cuando el grupo de adolescentes circulaba en un Fiat Argo por la ciudad de Córdoba. Luego de una discusión previa con un motociclista, se toparon con un control policial. El conductor, asustado, no frenó. La reacción de los efectivos fue abrir fuego sin justificación alguna. Una de las balas impactó en la espalda de Blas, que iba en el asiento trasero. Murió poco después, sin recibir atención médica oportuna. Tras el crimen, se desplegó un intento deliberado de encubrimiento: plantaron un arma en el vehículo para simular que el asesinato de Blas Correas había ocurrido producto de supuesto un enfrentamiento.
Por ello, también fueron condenados otros efectivos, en función de su participación en el montaje: Wanda Esquivel (3 años y 10 meses de prisión); Florencia Martínez (4 años y 3 meses); Sergio González (subcomisario, 4 años y 10 meses); Walter Soria (comisario inspector, 4 años y 9 meses); Jorge Galleguillo (comisario inspector, 4 años y 8 meses); Ezequiel Vélez (oficial ayudante, 2 años y medio); Leonardo Quevedo (cabo, 4 años) y Juan Gatica (comisario inspector, 4 años).
Fueron absueltos los agentes Rodrigo Toloza y Leonardo Martínez. El caso también expuso la negligencia médica: en un juicio paralelo, se condenó a Fernando Casalino, empleado de la Clínica Aconcagua, quien se negó a recibir a Blas gravemente herido aquella noche. Esa omisión selló el destino del adolescente. Durante el juicio, los acusados principales intentaron minimizar su responsabilidad. "No fue mi intención quitarle la vida a nadie, eso mi Dios lo sabe", dijo Lucas Gómez.
Alarcón, por su parte, agregó: "No soy un asesino". Pero para Soledad Laciar, madre de Blas, ese silencio y esa falta de autocrítica no hicieron más que reafirmar lo que la familia sostuvo desde el primer día. "Pensé que iban a decir algo distinto. Parece que todos estamos locos y que la Justicia los puso presos por equivocación", ironizó con dolor. Y sentenció: "Acá hay una sola realidad: Blas no está. Plantaron un arma. Dijeron que hubo un enfrentamiento que no ocurrió".
Laciar también lamentó que dentro de la fuerza continúe reinando la lógica del encubrimiento y la impunidad. "Lamento que siga ese rotundo silencio en la Policía y que sigan creyendo que el silencio sea la mejor arma", expresó. De esta manera, el fallo del Tribunal Superior ratificó una condena histórica que no solo reconoce la brutalidad del accionar policial, sino también la trama institucional que intentó borrar las huellas del crimen.
Durante las audiencias y al conocerse la primera sentencia, cientos de personas se congregaron en los tribunales de Córdoba: organismos de derechos humanos, hinchas de Belgrano -club del que Blas era fanático- y familiares que convirtieron el dolor en lucha. La causa Blas Correas se convirtió en un emblema contra el gatillo fácil y en una advertencia sobre los peligros de una fuerza de seguridad que opera sin controles ni rendición de cuentas. La confirmación de las condenas refuerza la necesidad de reforma policial y de justicia sin pactos de silencio. Blas tenía 17 años, soñaba con jugar al fútbol y fue asesinado por quienes debían cuidarlo.