La Justicia de Estados Unidos declaró formalmente culpable al empresario argentino Federico "Fred" Machado por conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico. La resolución fue emitida por el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas y firmada por el juez Amos L. Mazzant III.
El magistrado adoptó la recomendación del juez Don Bush, luego de que Machado reconociera su responsabilidad en una audiencia de apenas 16 minutos y, con esa decisión, la Justicia estadounidense dejó atrás la discusión sobre su culpabilidad y ahora deberá definir cuántos años permanecerá detenido y qué bienes podrían ser decomisados.
Machado había sido extraditado desde la Argentina en noviembre, después de años de disputa judicial; así las cosas, cuando llegó a Texas se había declarado inicialmente "no culpable", pero luego cambió su estrategia y negoció un acuerdo con la Fiscalía federal. La defensa estuvo encabezada por el abogado neoyorquino Alex Spiro.
Como parte del acuerdo, Machado admitió haber captado millones de dólares de inversores mediante la venta de aviones que nunca estuvieron disponibles para ser comercializados o que pertenecían a terceros.
La maniobra se habría realizado a través de las empresas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controladas por Machado desde Florida, en combinación con una sociedad de Oklahoma City que compartía oficinas y empleados con sus socios estadounidenses. El modus operandis era claro: los compradores entregaban el dinero, pero las aeronaves nunca llegaban a sus manos.
Los delitos por los que fue declarado culpable contemplan penas máximas de hasta 20 años de prisión cada uno, además de multas y decomiso de bienes. Sin embargo, el acuerdo todavía no fue aprobado de manera definitiva: el tribunal espera revisar el informe previo a la sentencia, que analizará sus antecedentes y las circunstancias del caso.
Por otra parte, la Fiscalía estadounidense retiró el cargo por narcotráfico internacional que pesaba contra Machado desde la imputación original de 2020 ya que ese delito contemplaba penas mínimas obligatorias de hasta diez años de prisión.
El expediente por narcotráfico no desapareció por completo: una de sus socias estadounidenses, Deborah Mercer-Erwin, continúa detenida por esa investigación. En el caso de Machado, el acuerdo judicial implicó que dejara de enfrentar formalmente ese cargo a cambio de declararse culpable por lavado de dinero y fraude electrónico.
La condena vuelve a poner en el spotlight el vínculo entre Machado y "el Profe" José Luis Espert, uno de los principales impulsores de su campaña presidencial de 2019. En la causa de Texas quedó incorporada como prueba una transferencia de US$200.000 a favor del ex dirigente libertario, vinculada a una aeronave con matrícula N28FM.
La operación es investigada en la Argentina por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en una causa en la que Espert está imputado por lavado de dinero. Cabe recordar que la coartada del ex diputado sostiene que el pago correspondió a una consultoría relacionada con un proyecto minero en Guatemala que finalmente no avanzó por la pandemia.
Tras la revelación de los aportes realizados por Machado durante 2019 y 2020, Espert bajó su candidatura como primer postulante de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la condena en Texas vuelve a presionar esa causa y puede aportar nuevos elementos para reconstruir el origen y el destino del dinero.
Pero, ¿cómo sigue la causa? Simplemente resta que el juez Mazzant fije la fecha de la sentencia y determine la pena final. La defensa buscará que se compute el tiempo que Machado pasó detenido en una cárcel privada de Oklahoma y los cuatro años de prisión domiciliaria que cumplió en las afueras de Viedma, después de ser arrestado en Bariloche en abril de 2021 aunque de momento, esa decisión quedará exclusivamente en manos del tribunal yankee. Con la declaración formal de culpabilidad ya firmada, el expediente entró en su etapa final: Fred Machado fue condenado en los hechos por lavado y fraude, mientras la Justicia define la pena, el decomiso de sus bienes y el impacto que su declaración tendrá en la investigación abierta en la Argentina.