La Justicia condenó al Estado Nacional y a un agente de la Policía Federal por incumplimiento del deber de dar seguridad personal a una mujer que fue víctima de violencia de género. El descuido del agente que debía protegerla propició que su ex pareja la asesinara.
La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12 ordenó al Estado y al agente policial a indemnizar a las hijas de la mujer, que fue asesinada cuando concurrió a retirar sus pertenencias del hogar que había compartido en el pasado con su ex marido.
Un policía también fue condenando por no proteger a la víctima.
La sentencia se refiere al femicidio de Mirta Graciela Schossler, de 30 años, a manos de su esposo José Daniel Aguirre, de 35 años.
El hombre tenía una prohibición de acercamiento como consecuencia de una denuncia por violencia doméstica que había realizado la mujer en su contra. Éste, luego de asesinarla se suicidó. Todo ello ocurrió el 20 de febrero de 2010.
La mujer fue atacada por su ex marido con un cuchillo.
Según la resolución, firmada el pasado 19 de octubre, se probó el descuido del agente que cuidaba a la mujer. En el momento en el que ella estaba juntando sus pertenencias y las de sus hijas, el policía se encontraba labrando el acta dándole la espalda. Entonces su ex pareja la atacó con un arma blanca, hiriéndola de muerte.
“Respecto a la muerte de la Sra. S. se ha acreditado la falta de servicio del obrar estatal, en tanto no se trata aquí de examinar el cumplimiento del deber genérico de proveer al bienestar y a la seguridad general propio de la Fuerza (conf. art. 9 de la ley 21.965), respecto del cual el Alto Tribunal ha enfatizado que no resulta razonable asignarle un alcance de tal amplitud en orden a la responsabilidad del Estado por la prevención de los delitos, que conduzca a la absurda consecuencia de convertir al E.N. en responsable de las consecuencias dañosas de cualquier delito, extraño a su intervención directa y competencia (Fallos 329:3168, 330:4113); antes bien por tratarse de una víctima de violencia doméstica pesa sobre el personal policial un deber de seguridad personal, el cual se cumplió de un modo irregular”, dice la resolución.
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La Jueza Marra Giménez dictaminó que el Estado deberá abonarle a las dos hijas pequeñas de la mujer un total de $ 1.036.000 por daños y perjuicios.