El femicidio de Agostina Vega volvió a exponer una práctica que se repite una y otra vez en la Argentina: frente a crímenes que conmocionan a toda la sociedad, el debate público termina desviándose hacia discusiones políticas, partidarias o electorales, mientras la víctima queda relegada a un segundo plano.
En las últimas horas, alrededor del asesinato de la adolescente cordobesa de 14 años, se escucharon cuestionamientos sobre el rol de su madre, sus hábitos, sus actividades e incluso sobre la militancia política del principal sospechoso detenido por el crimen. El foco dejó de estar exclusivamente en el femicidio para trasladarse a una serie de discusiones paralelas que poco tienen que ver con la violencia de género.
Lejos de ser un hecho aislado, se trata de un fenómeno que se repite en numerosos casos de alto impacto social. Para comprender cómo operan estos mecanismos, BigBang habló con el periodista especializado en policiales Diego Gabriele, quien repasó algunos de los episodios más emblemáticos donde la discusión política terminó absorbiendo la tragedia. "Te puedo ir a lo que recuerdo fácilmente, que es el triple crimen de Florencio Varela", señaló el periodista al recordar uno de los casos más recientes.
En aquel expediente, el asesinato de tres mujeres quedó rápidamente atravesado por una disputa política. Desde los primeros días, gran parte de la conversación pública giró alrededor del narcotráfico, la inseguridad y las responsabilidades de distintos gobiernos. "De hecho, el gobierno intentó utilizarlo políticamente", recordó Gabriele.
La explicación oficial que vinculaba los crímenes con una organización narco ocupó rápidamente el centro de la escena mediática. A partir de allí, sectores opositores utilizaron el caso para cuestionar las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y advertir sobre el avance del narcotráfico en el conurbano.
Al mismo tiempo, desde el oficialismo bonaerense se hizo foco en la existencia de una banda criminal transnacional para destacar el trabajo investigativo y trasladar la discusión hacia el crimen organizado.
Mientras tanto, la violencia ejercida contra las víctimas, sus historias personales y las condiciones de vulnerabilidad que atravesaban quedaron progresivamente desplazadas por una batalla discursiva entre dirigentes y espacios políticos.
Algo similar ocurrió con el caso de Cecilia Strzyzowski. Lo que comenzó como la desaparición de una joven de 28 años en Chaco terminó convirtiéndose en una de las discusiones políticas más intensas de 2023.
La aparición de integrantes del clan Sena —aliados políticos del entonces gobernador chaqueño Jorge Capitanich— provocó que gran parte del debate público se concentrara en el impacto electoral del caso y en las responsabilidades políticas derivadas de esos vínculos.
La conversación dejó de centrarse exclusivamente en Cecilia, en los mecanismos institucionales de prevención de la violencia de género o en las señales de alerta previas. En cambio, la atención se desplazó hacia cuánto afectaría el crimen a las elecciones provinciales y qué costo político tendría para el oficialismo chaqueño.
Gabriele también recordó el caso de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida en San Luis el 14 de junio de 2021 y cuyo paradero sigue siendo un misterio: "De quien todavía nunca se encontró ningún elemento para dar con su paradero", señaló.
Según explicó el periodista, el caso "fue utilizado en ese momento por el gobierno de Rodríguez Saá para mostrar la provincia". La desaparición de Guadalupe generó fuertes cuestionamientos hacia las autoridades provinciales por la falta de avances en la investigación. Con el paso de los meses, gran parte de la discusión pública comenzó a girar alrededor de las responsabilidades políticas del gobierno puntano, de la actuación de la Policía y de la Justicia local.
Familiares, organizaciones sociales y sectores opositores reclamaban explicaciones institucionales mientras la búsqueda seguía sin resultados. Una vez más, el caso quedó atravesado por una disputa política que convivía con la desesperación de una familia que aún espera respuestas.
Para Gabriele, estos procesos responden también a la propia lógica de construcción de la agenda mediática: "Cuando son hechos así, de este nivel de conmoción, con una desaparición, con una menor de edad, en un contexto no tan marginal, suele haber atracción de agenda, se impone", explicó en diálogo con BigBang.
Sin embargo, aclaró que no siempre existe una planificación deliberada detrás de esa centralidad mediática: "Pero no es un sitio de agenda a partir de alguna intencionalidad. Esto se fue construyendo", sostuvo.
Y advirtió sobre el riesgo permanente de que esos hechos sean utilizados políticamente: "Y siempre hay riesgo de que sean utilizados para distraer la agenda pública. Lo que ocurre que, en este caso, ya con la resolución, dramática, se acorta, se acota el tiempo de mantención en la agenda".
La consecuencia de este fenómeno suele ser la misma. El femicidio deja de ser la historia de una víctima y se transforma en una herramienta para atacar o defender gobiernos. Los dirigentes encuentran argumentos para reforzar sus discursos, los medios buscan responsables políticos y la conversación pública se polariza entre oficialismo y oposición.
En el medio quedan las víctimas. Sus nombres pasan a encabezar consignas, hashtags, campañas o discursos partidarios, pero muchas veces desaparecen las preguntas más importantes: por qué ocurrió el crimen, qué falló para prevenirlo y qué cambios son necesarios para evitar que vuelva a suceder.
Porque cuando el debate se concentra únicamente en quién gana o pierde políticamente, el femicidio deja de ser un problema social para convertirse en una disputa de poder. Y en ese proceso, la sociedad corre el riesgo de olvidar que detrás de cada caso hay una mujer asesinada, una familia destruida y una violencia estructural que sigue cobrando víctimas mucho después de que las cámaras se apaguen y la agenda política siga adelante.