Un nuevo episodio sacude a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, esta vez con un nuevo protagonista: un concejal en funciones detenido por la Policía mientras circulaba en un vehículo con irregularidades graves. El detenido es Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, integrante del Concejo Deliberante de Presidente Perón, quien fue interceptado durante un operativo del Comando de Patrullas en la intersección de la ruta 58 y Juan Pablo II, en el partido de San Vicente.
Lo que comenzó como un control vehicular terminó en una causa judicial de peso. Fernández conducía un Renault Sandero sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo desde el 25 de marzo de 2024, solicitado por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. Pero eso no fue todo. Durante la inspección, los agentes detectaron inconsistencias en la cédula automotor, que luego fue confirmada como apócrifa.
La combinación de ambos elementos derivó en la inmediata aprehensión del concejal y el secuestro del vehículo. La causa fue caratulada como "encubrimiento pedido de secuestro activo", mientras que en paralelo se abrió una investigación por la utilización de documentación falsa. El expediente quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio descentralizada N°1 de San Vicente, que ya ordenó peritajes para determinar el origen del vehículo.
Además, buscan establecer el grado de responsabilidad del funcionario. En términos judiciales, el caso recién comienza. Pero en el plano político, el impacto es inmediato. Porque no se trata de un ciudadano cualquiera: se trata de un representante electo de un espacio que construyó buena parte de su identidad sobre la denuncia de la corrupción, la "casta" y las prácticas irregulares en la política tradicional. Mientras que el presidente Javier Milei insiste en la necesidad de transparencia, orden y cumplimiento de la ley, otro de sus dirigentes enfrenta una causa vinculada a un vehículo robado y documentación adulterada.
La figura de encubrimiento implica, al menos en términos preliminares, la posible participación en la ocultación de un delito previo. Y la utilización de documentación falsa agrava el cuadro. Más allá de cómo avance la investigación, el caso vuelve a encender alarmas sobre los mecanismos de selección, control y construcción política en espacios que crecieron de forma acelerada y, muchas veces, sin estructuras sólidas de fiscalización interna. La irrupción de nuevos actores en la política suele traer aire fresco, pero también riesgos: improvisación, falta de filtros y, como en este caso, situaciones que terminan erosionando la credibilidad del conjunto.