Una denuncia internacional destapó un brutal y oscuro caso de abuso infantil dentro de una familia umbanda

Lo que parecía una casa más en el barrio Juan Díaz de Solís Ampliación, en Santiago del Estero, se transformó en el escenario de una historia estremecedora que hoy conmueve y sacude a toda la comunidad. Todo comenzó lejos, a miles de kilómetros. Una alerta proveniente de Estados Unidos encendió las alarmas: había indicios de material de abuso sexual infantil generado y distribuido desde la capital santiagueña. Esa pista, fría y tecnológica, fue el punto de partida de una investigación que terminaría revelando un cuadro de horror. El operativo se desplegó al amanecer. Cerca de las 6 de la mañana, más de 20 efectivos irrumpieron en la vivienda señalada. 

Durante siete horas, peritos, especialistas y policías trabajaron dentro de la casa. Lo que encontraron fue devastador: dispositivos electrónicos con gran cantidad de material de abuso sexual infantil, celulares utilizados para grabar las escenas y hasta prendas que pertenecerían a las víctimas. En ese mismo lugar, los investigadores identificaron la habitación donde, según la causa, dos nenas de apenas 4 y 5 años habrían sido abusadas y filmadas. El principal acusado es un adolescente de 16 años, quien enfrenta cargos por "tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil", además de "abuso sexual con acceso carnal en concurso real y corrupción de menores".

Pero el horror no termina ahí: sus propios padres también fueron detenidos. Están acusados de "tenencia con fines de distribución, producción y distribución de material de abuso sexual infantil", además de corrupción de menores. La investigación, coordinada por el Departamento Trata de Personas y las fiscales Érika Leguizamón, Yésica Lucas y Vanina Aguilera, con autorización de la jueza Érika Casagrande Valdueza, no solo apunta a los hechos dentro de la vivienda, sino también al contexto en el que se habrían producido. Según las primeras hipótesis, la familia organizaba reuniones religiosas vinculadas a la fe umbanda.

En ellas participaban adultos y también niños del entorno. En ese marco, creen los investigadores, el adolescente habría cometido los abusos mientras los mayores estaban concentrados en los rituales. Lo más estremecedor es que nadie en el barrio lo sabía. Las familias de las víctimas se enteraron recién cuando la Justicia las notificó. No hubo denuncias previas. No hubo señales visibles. Solo la tecnología, el rastreo digital y el análisis forense permitieron descubrir lo que ocurría puertas adentro. Las prendas secuestradas serán ahora clave: serán sometidas a pericias de ADN para confirmar la identidad de las niñas que aparecen en los videos. 

Mientras tanto, psicólogos y asistentes sociales ya trabajan con las familias afectadas, intentando contener un daño difícil de dimensionar. El caso es considerado de extrema gravedad por los investigadores. No se trata solo de consumo de material ilegal, sino de una cadena completa: abuso, producción y distribución desde un mismo núcleo familiar. Un circuito cerrado que expone el nivel de vulnerabilidad de las víctimas. La causa sigue bajo secreto de sumario. En los próximos días, se convocará a más personas del entorno para reconstruir lo ocurrido y determinar si hubo otras víctimas.