La desaparición de Alicia Godoy ya se convirtió en uno de los casos más estremecedores de los últimos meses en Rosario. Lo que comenzó como una denuncia por averiguación de paradero terminó exponiendo una trama oscura de drogas, violencia barrial, amenazas mafiosas y un presunto secuestro extorsivo que todavía mantiene a la mujer desaparecida. Alicia Isabel Godoy, de 30 años, fue vista por última vez el pasado 4 de abril. Desde entonces, nadie volvió a saber de ella.
Según la investigación judicial, la mujer habría sido secuestrada en su propia casa de Flammarion al 4900, en la zona sur rosarina, y luego trasladada a otro domicilio ubicado en Vuelta de Obligado al 4900, donde habría permanecido retenida al menos hasta el 8 de abril. Después, el silencio absoluto. Detrás del caso aparece una compleja trama vinculada al narcomenudeo y a una deuda por consumo problemático de drogas que, según la fiscalía, habría sido el detonante del secuestro.
La fiscal Paula Barros imputó a varias personas acusadas de participar en la maniobra. Entre ellas figuran María Belén "La Pelada" Salinas, Ana Laura Salinas, Gastón Laureano D'Agostino, Ludmila Gisel Leiva y Kevin Josué Torres Cabrera. Todos fueron detenidos en una serie de quince allanamientos realizados por la brigada de Paraderos de la Policía de Investigaciones. Según los indicios recolectados en las últimas semanas -incluyendo rastrillajes con perros, pruebas con luminol y análisis de cámaras mediante inteligencia artificial- Alicia habría sido raptada y mantenida cautiva mientras su familia recibía amenazas y exigencias económicas.
La situación fue desesperante. Personas del entorno de los acusados se acercaron a la vivienda de los familiares de la mujer y les advirtieron que debían pagar 150 mil pesos "para que Godoy salga ilesa". Con miedo y sin respuestas, los parientes intentaron negociar para salvarla. Entregaron una bicicleta Venzo rodado 29 e hicieron dos transferencias por 50 mil pesos -una de 10 mil y otra de 40 mil- a cuentas vinculadas a María Belén y Ana Laura Salinas.
Pero Alicia nunca regresó. El horror aumentó todavía más el 8 de abril, cuando la familia recibió un mensaje mafioso escrito en un pedazo de cartón. Allí aparecían datos precisos sobre personas cercanas a la víctima, un detalle que reforzó la hipótesis de que los extorsionadores buscaban seguir presionando para obtener más dinero. La fiscal Barros sostuvo que existió una coordinación entre varias personas para secuestrar a la mujer y exigir pagos a cambio de su liberación.
Además, durante los procedimientos judiciales aparecieron elementos que vincularían a los imputados con actividades de microtráfico de drogas en inmediaciones de Flammarion al 5000. Para la investigación, María Belén Salinas sería quien coordinaba la venta de estupefacientes; Noelia Fernández habría sido la encargada de conseguir sustancias; mientras que Gastón D'Agostino, Ana Laura Salinas y Agustina Aguirre cumplirían funciones de venta en búnkeres de la zona.
La audiencia judicial se extendió durante cinco horas y dejó una resolución compleja. La jueza Luciana Vallarella rechazó un planteo de la defensa que intentaba trasladar la causa al fuero federal, confirmó la competencia provincial y recalificó el expediente bajo la figura de extorsión. Al mismo tiempo, descartó las acusaciones contra Ludmila Leiva y Kevin Torres Cabrera, quienes recuperaron la libertad. En cambio, dispuso prisión preventiva efectiva por cuatro meses para Ana Laura Salinas, María Belén Salinas y Gastón D'Agostino. Mientras tanto, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿dónde está Alicia Godoy?