Tony Janzen Valverde, conocido como "Pequeño J", denunció haber recibido amenazas de muerte dentro del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde permanece detenido por su presunta vinculación con el triple crimen narco de Florencio Varela. Las intimidaciones habrían comenzado luego de que se viralizara el video de las torturas a las que fueron sometidas las víctimas.
La denuncia fue presentada el pasado 5 de noviembre de 2026 ante la Justicia federal, después de que el acusado se comunicara con su abogado para advertirle sobre las amenazas que habría recibido por parte de otros internos alojados en el sector de alto riesgo del establecimiento penitenciario.
Frente a este escenario, su defensor, Lucas Contreras Alderete, realizó una serie de pedidos ante el Juzgado Federal N°2 de Morón con el objetivo de garantizar la seguridad de su cliente y evitar posibles agresiones dentro de la cárcel.
Entre las medidas solicitadas, el letrado exigió que Valverde sea separado preventivamente de los reclusos señalados como responsables de las intimidaciones. Sin embargo, aclaró que esa disposición no debe implicar un aislamiento sancionatorio ni la imposición de restricciones adicionales que carezcan de justificación.
Además, reclamó que el Servicio Penitenciario Federal lleve adelante una evaluación de riesgo para determinar las condiciones de seguridad del detenido y solicitó la intervención de la Procuración Penitenciaria para supervisar la situación.
Pero la presentación judicial no se limitó a las amenazas. Al igual que las familias de las víctimas, la defensa de "Pequeño J" exigió que se investigue cómo se filtró el video de las torturas, ya que se trataba de material probatorio incorporado a una causa que se encontraba bajo secreto de sumario.
La polémica por la difusión de las imágenes ya había generado fuertes cuestionamientos. La semana pasada, la familia Gutiérrez anunció que denunciaría a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por la presunta filtración del material.
El video había sido encontrado durante una investigación por narcotráfico que estaba a cargo de la magistrada. Según trascendió, las imágenes fueron recuperadas del teléfono celular de un subordinado de Pablo Macalopu Cafferata, alias "Roger", señalado como el responsable de dirigir las torturas que sufrió la adolescente de 15 años.
En este contexto, Contreras Alderete solicitó la extracción de testimonios para establecer las circunstancias en las que el contenido salió del expediente judicial y terminó circulando públicamente.
Sin embargo, el abogado fue un paso más allá y puso bajo la lupa la legalidad de los procedimientos utilizados durante la investigación. En una segunda presentación, planteó la posibilidad de que existieran irregularidades en el análisis de la información obtenida de los dispositivos electrónicos secuestrados.
"El secuestro lícito de un teléfono no equivale a una autorización sin límites para revisar cualquier dato que contenga. El dispositivo concentra comunicaciones, archivos y huellas de la vida privada de su titular y de terceros; de allí la necesidad de controlar el objeto, la necesidad y la proporcionalidad de la injerencia", aseveró.
De esta manera, la defensa de "Pequeño J" abrió dos nuevos frentes judiciales: por un lado, reclamó medidas urgentes para proteger su integridad física dentro del penal de Ezeiza y, por el otro, cuestionó las circunstancias en las que se obtuvo y difundió una de las pruebas más sensibles vinculadas al triple crimen de Florencio Varela.