"El que las hace, las paga". Patricia Bullrich repitió esa frase hasta el cansancio como Ministra de Seguridad; ahora la Justicia la aplicó a uno de los agentes que estaban bajo su mando. El juez federal Daniel Rafecas condenó al policía que gaseó a una niña de 10 años durante la marcha de jubilados del 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso. Es el primer condenado por la represión de protestas durante el gobierno de Javier Milei, una práctica que se repitió en múltiples movilizaciones desde diciembre de 2023.
El agente de la Policía Federal Argentina Cristian Miguel Rivaldi recibió una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso y una inhabilitación de dos años y medio para ejercer en las fuerzas de seguridad.

Fue condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves en perjuicio de Carla Mariana Pegoraro y de su hija Fabrizia. El veredicto se conoció este miércoles 11 de noviembre, al cierre de un juicio correccional impulsado por el fiscal Eduardo Taiano; los fundamentos se darán a conocer el próximo martes.
Madre e hija estaban sentadas en el piso, cerca de Rivadavia y Callao, sin enfrentarse a nadie ni resistir ninguna orden, cuando el agente las roció con gas pimienta. Carla lo relató así ante la fiscalía, en Comodoro Py: "Fui gaseada con gas pimienta por un efectivo de la policía, por la espalda y mientras estaba sentada en el suelo, sin oportunidad de defenderme. Me encontraba abrazando a mi hija Fabrizia".

Su declaración describe cómo una protesta pacífica se convirtió en un operativo violento en segundos: "Quiero aclarar que estábamos todos tranquilos en la manifestación y de repente empezaron a gritar 'avancen, avancen'. Que de repente avanzaron los efectivos policiales y se tornó un caos total".
Las consecuencias quedaron documentadas. Madre e hija sufrieron irritación ocular, dolor de cabeza y otras molestias; las asistieron médicos en el lugar y después en un centro de salud. La fiscalía pidió información al Hospital Oftalmológico Santa Lucía, que confirmó que Fabrizia fue diagnosticada con conjuntivitis química, con síntomas que se prolongaron durante varios días.

También se incorporó documentación de la propia Policía Federal, entre ella el anual de capacitación sobre uso racional de la fuerza, el mismo protocolo que, según la acusación, el agente no respetó.
En su descargo escrito, Rivaldi negó haber dirigido el gas contra una menor; de hecho, según su versión, cerca de las 15.45 un grupo de manifestantes entró en una zona vallada de Rivadavia e intentó avanzar hacia una puerta de la Cámara de Diputados; el Comando Unificado ordenó avanzar, dispersar a quienes estaban en la calzada y liberar la circulación.
El policía sostuvo que, por el tumulto, no vio a ninguna nena en la escena; que recién al día siguiente se enteró de que había resultado afectada y que, de haberla visto, habría intentado sacarla del lugar.
La fiscalía desarmó ese argumento. Taiano señaló que en las imágenes se reconoce a Fabrizia por su contextura y su estatura en relación con los adultos que la rodeaban; además, el agente llevaba el visor del casco parcialmente levantado, lo que le daba un campo visual más amplio. Para la acusación, no había forma de no verla.
Ni olvido, ni perdón: qué había dicho Bullrich ese día
El mismo 11 de septiembre, con el video de la nena gaseada recorriendo las redes, la entonces ministra eligió culpar a la madre. Primero relativizó el hecho: "En estas últimas marchas hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la Policía y ahora dicen que la Policía le tira gases a una nena". Después fue más lejos: "La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable", expresó contundente la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza.
La sentencia de Rafecas contradice esa versión: Carla y Fabrizia no eran violentas, estaban sentadas y abrazadas, y la responsabilidad fue del agente que las roció. Además, no es el único caso que avanza: el gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de disparar contra el fotógrafo Pablo Grillo; el prefecto Sebastián Emanuel Martínez, señalado por otro disparo que hirió a un manifestante en la misma marcha, y Nicolás Emanuel Céspedez, procesado por empujar y lastimar a una jubilada de 82 años, también están camino a juicio.

