El disparo resonó el jueves por la tarde en Mendoza y dejó una herida que va mucho más allá de un hecho aislado. Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército Argentino, murió tras dispararse con un arma que pertenecería a su padre, personal penitenciario. Tenía licencia psiquiátrica vigente y no se encontraba en funciones ni dentro de una instalación militar. La investigación quedó en manos de la Policía Científica provincial y de la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras, mientras el caso se suma a una secuencia que encendió todas las alertas: es el tercer episodio fatal en el ámbito militar en apenas una semana.
Según la información preliminar, el arma que provocó la muerte pertenecía al padre del soldado, quien revistaba en el Liceo Militar General Espejo. Las circunstancias exactas del disparo mortal están bajo análisis judicial. Lima había ingresado al Ejército el 5 de octubre de 2020 y prestaba servicios en ese mismo instituto. Desde hacía alrededor de un mes y medio, se encontraba con licencia psiquiátrica, renovada cada quince días. El mismo jueves, la oficial médica del Liceo se comunicó con él para conocer su estado de salud; no trascendieron detalles de ese contacto ni evaluaciones posteriores.
La licencia seguía vigente al momento del fallecimiento. Ese mismo día, un dato clave sumó gravedad al cuadro. Su pareja, la soldado voluntaria Rocío González -también destinada en el Liceo- acudió al punto focal de género del instituto para denunciar violencia por parte de Lima. Fuentes militares indicaron que se activaron los protocolos previstos, aunque no se difundieron medidas inmediatas ni derivaciones judiciales vinculadas a la presentación. La muerte de Lima no es aislada. El miércoles, el suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes.
Tenía alrededor de 50 años y más de 28 de servicio. Intervino Gendarmería Nacional y la causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, con actuación de la fiscalía de Monte Caseros. Las primeras hipótesis apuntaron a un posible suicidio por ahorcamiento, pero la carátula es "averiguación de causales de muerte", a la espera de la autopsia. En paralelo, el Ejército inició investigaciones administrativas internas. Un día antes, el martes, otro efectivo militar asignado a tareas de seguridad en la Residencia Presidencial de Olivos fue encontrado sin vida en un puesto interno. La intervención judicial quedó a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Las pericias fueron realizadas por fuerzas federales y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina tomó el control de la causa. Desde Casa Rosada informaron que la investigación continúa y que cualquier novedad oficial será comunicada por la autoridad judicial. La seguidilla de muertes provocó alarma en el Gobierno y activó una respuesta de urgencia. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, solicitó al Estado Mayor Conjunto el envío de un mensaje institucional -con un video adjunto de especialistas- que llegue durante el fin de semana a todo el personal civil y militar.
De acuerdo con las autoridades, el objetivo de "saber cómo contener, detectar y gestionar situaciones potencialmente graves". Tras el caso de Monte Caseros, Presti expresó públicamente su pesar: "Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las Fuerzas Armadas", dijo, y transmitió su acompañamiento a la familia del suboficial. Mientras avanzan las pericias y los expedientes, el Ejército informó que puso en marcha las mismas medidas administrativas y de acompañamiento institucional aplicadas en situaciones similares y que colabora plenamente con la Justicia.