El domicilio y la barbería de Maximiliano Avilez, ex pareja de Luciana Muñoz -desaparecida desde el 13 de julio de 2024- fueron allanados en el marco de una causa por abuso de armas y lesiones graves. El procedimiento, ejecutado por personal de la Comisaría 20 del barrio Parque Industrial, reavivó el dolor y la incertidumbre de una familia que lleva meses esperando una verdad que no llega. Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en tres domicilios y culminaron con el secuestro de elementos de interés para la causa y una persona demorada. Poco después, se confirmó que uno de los acusados es Avilez, que ya se encuentra imputado y procesado por falso testimonio en la investigación por la desaparición de Muñoz. Las autoridades aclararon que no existe relación directa entre ambas causas.
Sin embargo, la coincidencia volvió inevitable el impacto emocional y mediático. La investigación que motivó los operativos actuales se remonta al 14 de enero, cuando un hombre de 34 años resultó herido de bala en el tórax. En ese contexto, se incautó un cartucho de fogueo calibre 7.62 en uno de los domicilios requisados y, en otro, un revólver calibre 32 largo, cargado y con numeración limada, de acuerdo con lo informado por LM Neuquén. Sin embargo, para la familia de Luciana, cualquier movimiento policial en torno al entorno de la joven vuelve a abrir heridas que nunca cerraron.
Desde agosto del año pasado, la ex pareja de Muñoz permanece imputada por falso testimonio. La acusación se sostiene en que declaró no haber estado con Luciana el día de su desaparición, pese a que testigos y peritajes tecnológicos lo ubicaron en las inmediaciones de su domicilio. La causa contra C. M. A. fue elevada a juicio luego de comprobarse que incurrió en falsedades en al menos dos oportunidades. La primera declaración cuestionada data del 27 de julio de 2024, casi diez días después de que Luciana fuera vista por última vez. La segunda ocurrió el 23 de agosto, ante la Fiscalía. En ambas, sostuvo que la relación había terminado entre marzo y abril.
No obstante, otros testimonios indicaron que ambos estuvieron juntos entre el 8 y el 10 de julio, apenas días antes de la desaparición. Luciana Muñoz fue registrada por cámaras de seguridad el 13 de julio caminando sola y desorientada por la intersección de las calles 8 de Diciembre y 1° de Enero. Vestía una camisa negra, jeans claros y zapatillas negras. Desde entonces, el silencio. Ningún dato certero, ninguna pista firme. La búsqueda incluyó el rastrillaje de más de 1.000 hectáreas, sobrevuelos durante 120 kilómetros, patrullajes náuticos por 45 kilómetros en los ríos Limay y Neuquén y el análisis de más de 800 horas de grabaciones. Todo, sin resultados.
Con el paso de los meses y ante la ausencia total de información concluyente, el juez de Garantías Lucas Yancarelli resolvió declarar la incompetencia de la Justicia provincial y derivar la causa al fuero federal. La decisión respondió a un pedido de la querella y a la adhesión del Ministerio Público Fiscal, que sostuvieron la hipótesis de una posible red de trata de personas. El cambio de jurisdicción marcó un punto de inflexión en la causa.
La Fiscalía argumentó que Luciana se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, atravesada por la pobreza, el consumo problemático de estupefacientes y la prostitución, factores que, según señalaron, incrementaban el riesgo de haber sido captada por organizaciones delictivas. A partir de esta nueva etapa, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información útil sobre su paradero.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad de Neuquén ya había elevado la recompensa provincial a 100 millones de pesos. Hasta ahora, ninguna de esas cifras logró romper el muro del silencio.