El Gobierno de Estados Unidos formalizó la firma de un convenio para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con la Argentina. Según la Casa Blanca, la iniciativa busca "impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación". En paralelo, la administración de Javier Milei lo definió como "un histórico entendimiento", en línea con la estrategia de alineamiento automático con Washington.
En la declaración conjunta, Donald Trump y Javier Milei reiteraron la alianza estratégica entre ambos países, fundada en "valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos". Pero detrás de la retórica de la "libertad", el texto cristaliza una apertura comercial profunda que, lejos de ser recíproca, reproduce asimetrías estructurales. El comunicado oficial de la Casa Blanca detalla que uno de los ejes del acuerdo es la reducción o eliminación de aranceles.
Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses que incluyen "medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios". Estados Unidos, a cambio, elimina aranceles sobre "determinados recursos naturales no disponibles localmente y bienes no patentados de uso farmacéutico". La diferencia no es menor: mientras Argentina abre sectores de alto valor agregado, Estados Unidos flexibiliza importaciones de insumos básicos que no afectan su estructura productiva. La "reciprocidad" es, una vez más, más simbólica que real.
El acuerdo también prevé la "revisión y mejora de las condiciones de acceso para la carne de res", con una cuota fijada en 80.000 toneladas, y un cupo prácticamente sin arancel para acero y aluminio, recordando el esquema de 2018-2019. Milei exhibe esto como logro, aun cuando la industria metalúrgica local advierte que la medida reproduce la dependencia exportadora de productos primarios y semiprocesados. El documento admite que Argentina levantó licencias de importación, eliminó formalidades consulares y se comprometió a suprimir el impuesto estadístico para productos estadounidenses.
Además, adoptará estándares internacionales y certificaciones norteamericanas "sin requerimientos adicionales", incluyendo vehículos, equipos médicos y fármacos. También reconocerá de forma automática las autorizaciones de la FDA. Es decir: Argentina renuncia a verificar estándares propios, facilitando la entrada de bienes estadounidenses sin controles locales. Una apertura tan profunda no tiene correlato en la política comercial de Washington, donde subsisten estrictas normas sanitarias, laborales y de seguridad.
En propiedad intelectual, el país asume "la responsabilidad de abordar cuestiones estructurales sobre patentes y denominaciones de origen", adecuándose a las observaciones del Informe Especial 301 del USTR. Esto implica un endurecimiento del régimen de patentes, con impacto directo en medicamentos, biotecnología y la producción local de genéricos. La industria farmacéutica y tecnológica argentina podría quedar sometida a un esquema de mayor protección para compañías estadounidenses, encareciendo costos e inhibiendo desarrollos nacionales.
El acuerdo también amplía el acceso agrícola estadounidense: Argentina autoriza la entrada de "ganado en pie", simplifica registros para carne bovina, derivados y carne porcina, elimina registros especiales para lácteos y habilitará, en un año, las aves de corral. Además, renuncia a exigir requisitos sobre denominaciones de quesos y carnes. Una vez más, se abre el mercado local sin contrapartidas equivalentes. La competitividad del agro de Estados Unidos, con subsidios multimillonarios, coloca a los productores argentinos en clara desventaja.
En su apartado laboral, el documento sostiene que Argentina "reafirma estándares internacionales" y prohibirá la importación de bienes producidos con trabajo forzado. En lo ambiental, se compromete a combatir la tala ilegal y cumplir normas de la OMC sobre subsidios pesqueros. Son compromisos razonables, pero sin mecanismos efectivos de monitoreo. Lo sustancial del acuerdo -apertura, desregulación y concesiones arancelarias- queda intacto. El texto incorpora un capítulo sobre seguridad económica, donde ambos países coordinarán controles de exportaciones, seguridad de inversiones y medidas contra "prácticas distorsivas de economías no alineadas".
Este apartado consolida la política exterior de Milei: un alineamiento pleno con Washington en la disputa geopolítica global. Además, Argentina reconocerá a Estados Unidos como "jurisdicción adecuada" para la transferencia de datos, habilitará firmas electrónicas conforme normas estadounidenses y garantizará que no habrá discriminación contra servicios digitales de ese país. El Gobierno celebra que la Argentina se incorpora a "un grupo selecto de naciones con preferencias comerciales".
Sin embargo, la letra chica describe otra cosa: un esquema donde el país cede regulación, abre sectores estratégicos, flexibiliza controles y adapta sus normas a las de Estados Unidos, recibiendo a cambio beneficios limitados para exportaciones primarias. La Oficina del Presidente remarcó que el acuerdo "fortalece su programa económico" y permite que Milei "continúe trabajando junto al Presidente Donald Trump". El discurso insiste en "la vida, la libertad y la propiedad privada". Pero la realidad es más terrenal: el país profundiza su dependencia comercial con una potencia que acumula un déficit histórico para la Argentina -en la última década promedió USD 3.666 millones anuales- y que, aun en este acuerdo, mantiene ventajas estructurales. Si este es el "histórico entendimiento" que Milei promete como camino al desarrollo, el costo podría ser la pérdida de soberanía regulatoria, el debilitamiento del entramado industrial y una integración subordinada en las cadenas globales de valor.