Manuel Adorni tendrá 15 días más para explicar cómo se incrementó su patrimonio durante el período en el que ocupó cargos en el Gobierno de Javier Milei. El exjefe de Gabinete consiguió que el juez federal Ariel Lijo aceptara su pedido de prórroga para responder al requerimiento presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, que puso bajo la lupa una serie de movimientos patrimoniales que, según la investigación, todavía no encuentran una explicación suficiente en los ingresos lícitos acreditados.
El plazo original vencía este miércoles. Ahora, el exvocero presidencial deberá utilizar el tiempo adicional para responder los 20 puntos de la investigación fiscal, que abarca tanto su situación patrimonial como la de su esposa, Bettina Angeletti. El expediente reconstruye el patrimonio familiar desde el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, hasta el 27 de junio de 2026, fecha en la que dejó su cargo. En ese período, según la fiscalía, el patrimonio del matrimonio registró un incremento del 119%.
La prórroga no implica un cierre de la investigación. Por el contrario, el futuro de la causa dependerá en buena medida de las explicaciones que presente el exfuncionario. Si Pollicita considera que las respuestas continúan siendo insuficientes, Adorni podría ser citado a una declaración indagatoria, una instancia en la que deberá responder formalmente por las inconsistencias señaladas. Uno de los principales interrogantes planteados por la fiscalía surge de una comparación básica entre ingresos y egresos.
Durante el período investigado, Adorni percibió 35 haberes y, sumados los ingresos comprobados de Angeletti, el matrimonio registró ingresos por $229.752.283,20. Pero los gastos fueron considerablemente superiores: alcanzaron los $272.820.832,20. La diferencia asciende a $43.068.549, un monto que, de acuerdo con la reconstrucción fiscal, todavía necesita una explicación. El problema para la investigación no se limita a esa diferencia. También aparecen operaciones realizadas en dólares, adquisición y refacción de propiedades, gastos en efectivo, viajes al exterior, consumos con tarjetas y movimientos en los que participaron personas del entorno familiar.
El objetivo de la fiscalía es determinar si los ingresos legales del matrimonio alcanzaban para afrontar el nivel de gastos, inversiones y cancelación de deudas registrado durante esos años. Otro de los capítulos centrales del expediente está relacionado con los inmuebles. Según el dictamen de Pollicita, la familia Adorni-Angeletti habría destinado US$402.578,12 a la compra, refacción y equipamiento de propiedades. Para el fiscal, esos desembolsos "no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados". Entre las operaciones analizadas aparece la adquisición, en marzo de 2024, de un Jeep Compass por US$21.500, abonado mayormente en efectivo.
Meses después, en noviembre de ese mismo año, Adorni compró el lote 380 del Country Indio Cuá por US$120.000. A esa operación se sumaron otros US$245.000 en efectivo destinados a la refacción de la vivienda. También se encuentra bajo análisis un departamento ubicado en Miró 550, además de otros gastos vinculados con inmuebles, mobiliario y puesta en condiciones de las propiedades. La investigación busca establecer, en definitiva, de dónde salió el dinero utilizado para afrontar esas operaciones y si los fondos tenían un origen lícito y compatible con los ingresos declarados.
La lupa judicial también alcanza a la esposa de Adorni. El informe fiscal analiza especialmente la evolución de la facturación de Angeletti, que registró un salto particularmente significativo en 2024: sus ingresos facturados aumentaron 1.440,97% respecto del período anterior. En 2025, además, facturó $124.282.864 a un total de 13 clientes. Sin embargo, el dato que llamó la atención de los investigadores es que el 81,95% de esa facturación estuvo concentrado en apenas dos clientes. La fiscalía incorporó ese crecimiento dentro del conjunto de elementos que deben ser explicados para determinar cómo se conformó y evolucionó el patrimonio familiar.
No se trata solamente de cuánto dinero ingresó, sino de establecer cuál fue su origen, qué servicios lo generaron y cómo se relacionan esos ingresos con el resto de los movimientos patrimoniales registrados. Los interrogantes planteados por Pollicita también se extienden al entorno del matrimonio. La fiscalía pidió explicaciones sobre préstamos recibidos por los familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, además de operaciones vinculadas con la compra de bienes y pagos realizados por terceros en nombre de Adorni, posteriormente reintegrados.
También deberán ser explicados los numerosos viajes al exterior, el uso de efectivo y moneda extranjera, determinados consumos con tarjetas y otras operaciones que aparecen dentro de la reconstrucción patrimonial. La Justicia intenta así reconstruir el circuito completo del dinero: cuánto ingresó, cuánto se gastó, qué bienes se adquirieron, qué deudas fueron canceladas y quiénes participaron de las operaciones.
La decisión de Lijo le otorga a Adorni un nuevo plazo para presentar sus explicaciones. Pero la extensión también deja planteado un escenario incómodo para el exfuncionario: si las respuestas no logran despejar las 20 observaciones de la fiscalía, podría avanzar una instancia mucho más comprometida de la causa. Por ahora, no existe una condena ni una declaración de culpabilidad contra Adorni o Angeletti. La investigación se encuentra precisamente en la etapa destinada a determinar si las inconsistencias detectadas pueden ser explicadas mediante ingresos y operaciones legítimas.
La cuestión central quedó planteada en números: $229,7 millones de ingresos comprobados frente a $272,8 millones de gastos; una diferencia de más de $43 millones; un incremento patrimonial del 119% y más de US$400 mil destinados a inmuebles, refacciones y mobiliario. Ahora Adorni tendrá 15 días adicionales para intentar cerrar esas cuentas. Si no lo consigue, la Justicia podría dar el siguiente paso y convocarlo a declarar.