En una intervención que generó profundo rechazo tanto en el ámbito nacional como internacional, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, negó públicamente ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas (ONU) la cifra histórica de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.
En un tono que rozó el negacionismo, Baños calificó este número como un "dato falso" y lo vinculó con "un negocio de la defensa de los derechos humanos". Sus declaraciones no sorprenden pues el gobierno de La Libertad Avanza realiza una férrea batalla cultural en cuanto a la deslegitimación de décadas de lucha por Memoria, Verdad y Justicia.
"Si uno llega a cuestionar el famoso número de desaparecidos, cae en el negacionismo", afirmó Baños, justificando su postura. Además, sostuvo: "Todos sabemos, no podemos ser ingenuos, cómo se arribó a ese número. Hoy en día, quien lo ideó lo dice públicamente. Hay un montón de reportajes en las redes sociales donde confiesa por qué se hizo y con qué intención", haciendo referencia a testimonios aislados y descontextualizados como el del ex militante de Montoneros Luis Labraña.
Pero la indignación no termina ahí. Baños expresó: "A partir de que ese número no puede ser negado porque, según ellos, entraríamos en el negacionismo, la verdad no les interesa en absoluto. El tema es cuestionar a la República Argentina. ¿Cómo vamos a creer en esos organismos que defienden datos falsos, sabidamente falsos"
Durante la misma sesión, funcionarios del Ministerio de Seguridad defendieron con vehemencia el polémico protocolo antipiquetes, aplicado desde las Fuerzas Armadas contra manifestantes, incluidos jubilados. En un comunicado oficial, el ministerio acusó al CAT de carecer de transparencia: "Con ánimo inquisitivo, colonizados por varios organismos no gubernamentales argentinos, algunos miembros del Comité, como el Comisionado Jorge Contesse, de nacionalidad chilena, se excedieron fuertemente en sus preguntas, demostrando ostensiblemente el rol de representante de algunos de esos organismos que pertenecen a la oposición argentina", expresaron-
De nuevo, aunque no sorprende, estas declaraciones no se pueden dejar pasar así como así, ni naturalizar la preocupante postura oficial que no sólo relativiza los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, sino que también avala la represión estatal actual contra civiles. La presencia de funcionarios como Julián Curi y Diego Goldman en la sesión no hizo más que reforzar esta línea discursiva.
Históricamente, Argentina es reconocida mundialmente por su lucha por los derechos humanos pero desde que el gobierno de Javier Milei aterrizó en el Ejecutivo, las palabras de funcionarios Alberto Baños y sus colegas representan un retroceso alarmante. Así, el tejido democrático sufre una vez más un ataque profundo y hondo en su constitución.