El éxodo de funcionarios dentro del gobierno de Javier Milei continúa, y esta vez es el turno de Alberto Baños, quien dejó su puesto al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH). Su gestión, marcada por decisiones que degradaron las políticas de derechos humanos en el país, ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional.
Desde su llegada, Baños enfrentó cuestionamientos por sus antecedentes y acciones. Como juez, había sido señalado por no investigar la desaparición del policía Arshak Karhanyan y por favorecer la excarcelación de José Martínez de Hoz, exministro de Economía durante la última dictadura cívico-militar. Estas señales se confirmaron durante su paso por la SDH, donde implementó medidas que desfinanciaron y desjerarquizaron espacios clave para la memoria y los derechos humanos.
Uno de los episodios más graves fue el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en el predio de la exESMA, un sitio emblemático para la lucha por la memoria histórica. La decisión se comunicó abruptamente a través de un mensaje de WhatsApp, dejando a los trabajadores en la calle. A pesar de las promesas de reabrirlo, el espacio sigue cerrado hasta hoy.
Baños también censuró actividades relacionadas con políticas de memoria y prohibió eventos organizados por organismos de derechos humanos. En Mar del Plata, buscó judicializar actividades en El Faro, otro sitio de memoria fundamental. Estas acciones no solo limitan los espacios para el recuerdo y la reflexión, sino que también mostraron un desinterés por las demandas de las víctimas y sus familiares que todavía siguen buscando a sus familiares y respuestas de dónde están sus cuerpos.
En el ámbito internacional, su gestión no fue menos polémica: por ejemplo, promovió acuerdos que buscaban equiparar los crímenes cometidos por grupos guerrilleros con delitos de lesa humanidad, una postura completamente negacionista. La última intervención que tuvo en la ONU el subsecretario expuso sin sonrojarse: "No podemos ser ingenuos (sobre) cómo se arribó a ese número, porque, además, quien lo ideó lo dice públicamente", expresó en referencia a los 30.000 detenidos-desaparecidos y en esa línea pidió: "Una memoria amplia, no como pretenden los ideólogos del pasado".
Sobre la secretaría que ahora deja, expresó: "La Secretaría de Derechos Humanos se convirtió en una bolsa de trabajo para aquellos organismos ideologizados que invadieron todos los estamentos del Estado para allí construir políticas supuestamente públicas pero que estaban dirigidas a ser cómplices de los requerimientos ideológicos del momento".
Si bien ese episodio fue el último de una larga lista, el golpe más fuerte llegó en mayo, cuando aceptó la degradación institucional de la Secretaría de Derechos Humanos a una subsecretaría. A esta decisión se sumó la desjerarquización del Museo Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria, que pasaron a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), controlado por figuras cercanas al gobierno de ultraderecha de Javier Milei.
La salida de Baños coincide con la designación de Alfredo Vítolo como su reemplazo. Vítolo, conocido por sus posturas favorables al "perdón" a represores, genera preocupación en los organismos de derechos humanos que temen una profundización del retroceso en esta área.
La gestión de Alberto Baños deja un legado de retrocesos y desmantelamiento en políticas fundamentales para la memoria, verdad y justicia. Su paso por la SDH será recordado como un período lúgubre y triste para los derechos humanos en Argentina.