La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes el uso, distribución y venta en todo el territorio nacional de un medicamento falsificado que circulaba bajo el nombre de Ozempic Semaglutida Tablets USP. La medida, formalizada en la disposición 5842/2025 publicada en el Boletín Oficial, alcanza a "cualquier dosis, presentación y lote" que se identifique con ese nombre y que figuraba como elaborado por Pharma Argentina S.A., una firma que no tiene habilitación vigente. La decisión se adoptó luego de una denuncia presentada por Novo Nordisk Pharma Argentina S.A., titular del registro del verdadero Ozempic.
Según advirtió la denuncia, en redes sociales se ofrecía un producto fraudulento que simulaba ser comprimidos de semaglutida. El director técnico de la compañía presentó pruebas ante la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMPS) y subrayó un dato alarmante: "No existe a nivel mundial un producto Ozempic en forma de comprimidos o cápsulas". En ese marco, la ANMAT concluyó que se trataba de una falsificación y advirtió: "La decisión tiene como fin proteger a eventuales adquirentes y usuarios del medicamento involucrado debido a que representa un riesgo para la salud de la población".
El organismo también difundió imágenes comparativas entre el medicamento original y su imitación, al tiempo que remitió la denuncia a la Justicia, ya que la legislación nacional prohíbe la elaboración, circulación y entrega de productos ilegítimos. El Ozempic auténtico, indicaron desde la DEGMPS, solo se comercializa en forma inyectable, bajo receta, con estuche trazable y controlado. El falso producto, en cambio, se ofrecía como comprimidos de 25 mg en envases de 60 pastillas, lo que representaba no solo un fraude comercial sino un peligro sanitario.
La noticia de la prohibición no se da en un vacío: la ANMAT atraviesa un momento de extrema tensión tras el escándalo del fentanilo contaminado, que ya provocó al menos 97 muertes confirmadas. En este contexto, el Ministerio de Salud oficializó la desvinculación de Mariela Andrea García, hasta ahora directora de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Productos Médicos, una de las áreas más sensibles del organismo. La salida, firmada por el ministro Mario Lugones, fue inmediata y se justificó como una "limitación de la designación transitoria", sin explicaciones adicionales ni designación de reemplazo.
Sin embargo, llega en el mismo momento en que la Justicia investiga la distribución de opioides adulterados y cuando los mecanismos de control del Estado están bajo duras críticas. El propio Lugones admitió demoras internas en la detección de las irregularidades con el fentanilo: "Cuando el informe llegó a la directora, actuó en dos horas y lo cerró. Pero hubo una demora inexplicable entre la inspección y ese informe. Por eso ordené el sumario", reconoció en una entrevista. Mientras tanto, el juez federal Ernesto Kreplak avanza a paso lento con imputaciones contra un laboratorio sospechado de producir partidas defectuosas y ordenó el retiro inmediato del mercado.
En ese contexto, el Gobierno busca contener la crisis institucional. Lugones, que respaldó públicamente a la directora general de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, prometió endurecer los controles: "Si hay irregularidades, se tendrán que ir", afirmó. Así, en apenas unos días, la ANMAT quedó en el centro de dos episodios dramáticos: un medicamento falsificado que circulaba libremente en redes sociales y un opioide contaminado que desató una histórica tragedia sanitaria. Dos caras de una misma crisis que exponen las fragilidades de los controles sobre medicamentos en la Argentina y que ponen bajo amenaza directa la salud de miles de pacientes.