La bronca se transformó en acción. Familias, trabajadores y prestadores del sector de la discapacidad se movilizaron este viernes hasta la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Belgrano, para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y cuya aplicación fue suspendida por el presidente Javier Milei hasta que se "determine las fuentes de su financiamiento". La jornada, marcada por el cansancio y la desesperación, terminó con momentos de tensión cuando los manifestantes lograron ingresar al edificio del organismo ante la ausencia de respuestas.
La protesta se desarrolló en un clima de indignación, luego de que el Gobierno suspendiera -sin explicación concreta- una reunión oficial que debía realizarse esa mañana entre el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, y los representantes del sector. El encuentro, que había sido fijado inicialmente para las 11, fue adelantado a las 10 y luego cancelado "por fuerza mayor". "La agencia recibió $121 mil millones para otorgar aumentos, ese dinero les alcanzaría para dar un aumento importante en estos tres meses", denunció Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, en diálogo con los medios.
Desde temprano, cientos de familias se concentraron frente al edificio con pancartas, fotos de sus hijos y un mismo pedido: respuestas. "Ya está todo colapsado, estamos llenando los papeles para la renovación de las prestaciones, pero no sabemos si el año que viene nuestros hijos o hijas van a tener prestaciones", expresó con angustia Lola Berthet, vocera de las familias autoconvocadas. "Es agotador todo esto, es un sector vulnerable. Como madre ya paso de la angustia a la bronca. Necesito que hoy alguien venga a abrir la puerta y nos reciba", agregó entre lágrimas.
La escena dentro del edificio fue caótica. "Nos vamos a quedar hasta que nos hable el interventor", gritaron los manifestantes al ingresar a la sede, tras sortear la seguridad del lugar y al grito de "¡Abrí la puerta la put... que te parió"!". El reclamo llega en un contexto de recortes profundos. El propio Gobierno reconoció haber dado de baja cerca de 100 mil pensiones por discapacidad, bajo el argumento de que se trataba de "irregularidades". Al mismo tiempo, estalló un escándalo dentro de la misma ANDIS por presuntas coimas que involucran a altos funcionarios cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del jefe de Estado.
Entre los manifestantes también estuvo Claudia Dipólito, madre y psicóloga, quien denunció el incumplimiento de la Ley 27.793 y la pasividad judicial ante los reclamos del sector. "El diputado Paulón presentó una denuncia ante el juez Casanello, pero no hay avances. Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen esperando. Yo atiendo por 12 mil pesos la sesión, sin actualización hace un año", señaló.
La falta de aumentos en los aranceles y la demora en los pagos tienen un impacto devastador. Las terapias, el transporte y la educación especial están al borde del colapso. Uno de los sectores más golpeados es el de los transportistas especializados, que aseguran estar trabajando "a pérdida". "La situación es límite, nunca en la historia nos encontramos como hoy. Los transportistas están trabajando a pérdida. Nos pagan el litro de nafta a $541 y el costo real es de $1.700", denunció un vocero de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atacadis).
El Foro Permanente de Discapacidad había convocado la movilización con la intención de entregar una carta al interventor de la ANDIS, Dr. Diego Vilches, con propuestas concretas para recomponer el sistema. Sin embargo, el funcionario se negó a recibir el escrito y respondió que "no trabaja bajo presión". En la carta -que finalmente fue presentada tras el ingreso de los manifestantes- las organizaciones expresaron su "gran preocupación" por la falta de aumentos desde diciembre de 2024.
Además, reclamaron el cumplimiento de la Decisión Administrativa 24/2025, que destinó $121.000 millones al organismo. "Le pedimos que cumpla con este fin para que los prestadores puedan recomponer en algo su situación y hacer frente a los gastos de fin de año", señala el texto. El documento también propone un aumento del 70% de los aranceles desde octubre, el pago de una suma fija inmediata, y la actualización según la inflación del INDEC.