El debut del Régimen de Inocencia Fiscal abrió un nuevo frente político para el Gobierno. Apenas entró en vigencia, el ministro de Economía Luis Caputo convocó públicamente a los argentinos a depositar sus ahorros: "Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco". La respuesta llegó casi de inmediato desde la oposición. La senadora Juliana Di Tullio retrucó con ironía: "Hay que dar el ejemplo Toto! Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación".
El intercambio marcó la tensión central del plan oficial: el Ejecutivo busca que aparezcan dólares guardados fuera del sistema mientras enfrenta cuestionamientos por los propios activos del titular de Hacienda en el exterior. Según su última declaración jurada, Caputo posee depósitos fuera del país por $5.821.007.271,24, equivalentes a unos 4,47 millones de dólares al tipo de cambio oficial de la presentación, además de inversiones por otros 1,4 millones de dólares.
La polémica comenzó cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la puesta en marcha del régimen que apunta a "sacar los dólares del colchón". "Durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros. Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo", escribió. Caputo amplificó el mensaje y aseguró que el blanqueo "aceleraría fuertemente el crecimiento económico", permitiría "bajar más rápidamente impuestos", generar empleo y mejorar salarios, además de que los ahorristas "cobrarían un interés por sus dólares".
Detrás del discurso oficial hay una necesidad concreta: el Gobierno calcula que existen unos USD 170.000 millones fuera del sistema financiero, mientras que los depósitos privados apenas superan los USD 67.000 millones. El objetivo es atraer una parte de ese dinero para sostener la actividad sin emitir ni aumentar el gasto. Pero el mecanismo elegido es lo que genera controversia. El régimen permite exteriorizar fondos no declarados sin ser investigado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y eleva los umbrales penales: la evasión simple pasa a considerarse delito recién desde $100 millones y la agravada desde $1.000 millones.
Además, reduce la prescripción de cinco a tres años y garantiza que quienes se adhieran quedarán libres de investigaciones fiscales hacia el futuro. La normativa suma incentivos adicionales. ARCA eliminó las retenciones de Ganancias sobre intereses de depósitos en dólares para quienes ingresen al esquema y estableció que el organismo dejará de analizar incrementos patrimoniales vinculados a esos fondos. También se otorgará una "presunción de veracidad" sobre las declaraciones juradas y un antecedente favorable ante bancos en materia de prevención de lavado.
En los hechos, la medida funciona como un perdón fiscal ampliado: quienes regularicen capitales podrán disponer del dinero sin justificar su origen, siempre que no sean grandes contribuyentes y cumplan ciertos parámetros de patrimonio e ingresos. El Gobierno lo presenta como un cambio de paradigma; sus críticos, como la legalización de la evasión. Cabe remarcar que cuando el plan fue anunciado el año pasado, Caputo ya había tenido un cruce con un periodista que le preguntó si traería sus dólares: "Tener dólares en el exterior está permitido. No es tenerlos en el colchón como estás sugiriendo... Nosotros promovemos la libertad, el que quiera traerlos, que lo traiga".
El problema político es que ahora el llamado es explícito y masivo. El Gobierno necesita dólares para sostener el programa económico y apuesta a la confianza como herramienta central. Sin embargo, el régimen también consolida una señal polémica: mientras los contribuyentes que pagan en regla siguen sujetos a impuestos, quienes evadieron pueden ingresar al sistema sin sanción penal.