Conflicto social
10 Febrero de 2026 09:16
La Casa Rosada reunirá este martes a su mesa política con un objetivo urgente: ordenar la estrategia para aprobar la reforma laboral en el Senado y avanzar, casi en simultáneo, con la baja de la edad de imputabilidad. La cumbre, encabezada por Karina Milei, expone el momento delicado del oficialismo: necesita mostrar gobernabilidad, pero depende de concesiones permanentes a aliados y gobernadores mientras crece el conflicto social. En el encuentro participarán Manuel Adorni, Diego Santilli, Martín Menem, Luis Caputo, Santiago Caputo y Patricia Bullrich, entre otros armadores. No se trata de una reunión más: es la antesala del primer gran test parlamentario del año para Javier Milei, que busca darle media sanción a una reforma considerada central para la segunda etapa de su mandato.
El problema es que la iniciativa llega al recinto después de semanas de negociación contrarreloj, con más de 30 artículos retocados y la posible eliminación del capítulo de Ganancias para sociedades por presión de las provincias. De hecho, el Gobierno que prometía no negociar con la "casta" ahora depende de ella voto por voto. Desde el oficialismo insisten en que la reforma atraerá inversiones y aumentará la productividad.
Sin embargo, incluso dentro del Congreso admiten que el respaldo es frágil y condicionado. El radical Eduardo Vischi reconoció que "fuimos modificando cuestiones, en muchos casos, que son menores. Lo importante es que el objetivo de la ley está bien". Patricia Bullrich, menos categórica, se limitó a señalar: "Estamos todavía terminando el debate". Detrás de esas frases diplomáticas se esconde la discusión de fondo: quién paga el costo fiscal.
La eventual rebaja de Ganancias a empresas impactaría en la coparticipación, algo que los gobernadores rechazan en medio de la recesión. Paradójicamente, la Nación también perdería recursos, pero busca sostener el déficit cero exigido por el FMI. El resultado es una ley reescrita en tiempo real. Mientras tanto, el Ejecutivo empuja otra iniciativa controversial: bajar la edad de imputabilidad a 13 o 14 años. El proyecto podría dictaminarse esta misma semana en Diputados, en paralelo al debate laboral.
El mensaje político es claro: endurecimiento penal y flexibilización laboral como paquete integral de reformas estructurales. Pero la calle anticipa un clima muy distinto al de los despachos oficiales. La CGT convocó a movilizar al Congreso durante la sesión y gremios del transporte nucleados en la CATT anunciaron un paro que afectará vuelos, trenes y subtes. ATE, por su parte, llamó a una huelga de 24 horas y pidió "parar igual" aunque no haya paro general. El movimiento sindical llega dividido, pero activo.
El Gobierno intenta reducir la incertidumbre con "poroteo fino" y reuniones permanentes en Balcarce 50. La prioridad no es ya defender el texto original sino evitar una derrota política temprana. Cada modificación revela la tensión entre el ideario libertario y la aritmética parlamentaria. Así, la semana que el oficialismo presenta como histórica puede terminar mostrando otra cosa: que la gobernabilidad del experimento Milei no depende de la convicción ideológica sino de acuerdos clásicos, concesiones fiscales y cálculo político permanente. Y que, mientras se discute la flexibilización del trabajo y el castigo penal juvenil, el conflicto social se organiza afuera del Congreso.
