La relación entre el Gobierno y el periodismo sumó un nuevo capítulo de tensión, esta vez con una decisión de alto impacto institucional: la suspensión masiva de acreditaciones en la Casa Rosada. La medida, que impide el ingreso de periodistas al principal centro de operaciones del Poder Ejecutivo, fue comunicada sin plazos claros y bajo el argumento de una investigación por presunto "espionaje ilegal".
El periodista Nacho Girón fue uno de los primeros en dar a conocer la decisión: "Bajaron todas las acreditaciones a los periodistas de Casa Rosada. ´Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", es el mensaje que recibieron los colegas que trabajan en el palacio gubernamental. Nadie puede entrar por tiempo indefinido. Orden directa del presidente".
En la misma línea, la periodista Liliana Franco confirmó el cierre del acceso a la prensa: "Ahora el gobierno cerró la sala de periodistas de la Casa Rosada. Decidió no renovar las acreditaciones de todos los periodistas por la denuncia de Casa Militar a raíz de la filmación efectuada por el programa de Luciana Geuna. No se sabe hasta cuándo". La medida se da en el marco de una denuncia penal impulsada por la Casa Militar contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN).
Todo esto ocurre tras la difusión de imágenes grabadas dentro de la sede de gobierno. Según el planteo oficial, el material exhibido podría haber vulnerado la seguridad presidencial al mostrar sistemas de vigilancia, accesos y áreas sensibles del edificio. La presentación judicial, que recayó en el juzgado federal N°4 de Comodoro Py, sostiene que se trató de "actividades subrepticias e ilegales" y advierte sobre la posible comisión de delitos vinculados a la revelación de secretos políticos o militares.
Incluso, se menciona que el contenido difundido podría facilitar tareas de inteligencia sobre los movimientos del Presidente. Sin embargo, la reacción oficial no se limitó al plano judicial. Desde Israel, el propio Javier Milei intervino en la polémica con un mensaje cargado de insultos hacia el periodismo: "BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!". En paralelo, desde la Casa Rosada justificaron la suspensión de acreditaciones en base a un reglamento interno que prohíbe registrar imágenes en espacios no autorizados, calificando la infracción como "falta grave" y causal suficiente para la expulsión o no renovación del acceso.
No obstante, la decisión de aplicar una sanción generalizada -que alcanza a todos los periodistas acreditados y no solo a los involucrados en la denuncia- abre un interrogante mayor sobre los límites entre seguridad y libertad de prensa. La clausura de la sala de periodistas y la restricción total de acceso implican, en la práctica, un bloqueo inédito del trabajo periodístico en la sede del Ejecutivo. El conflicto también deja al descubierto una estrategia más amplia de confrontación con los medios, que el propio presidente ha profundizado en reiteradas ocasiones a través de redes sociales, con descalificaciones sistemáticas hacia periodistas y comunicadores. En este contexto, la decisión de cerrar el acceso a la Casa Rosada aparece como parte de una dinámica enfocada a controlar la información.