La obra pública volvió a quedar envuelta en un manto de sospechas. Esta vez, el foco está puesto en Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, señalado por no haber declarado propiedades millonarias en Estados Unidos mientras ocupa un cargo estratégico dentro del gobierno de Javier Milei. Según distintas investigaciones periodísticas dadas a conocer por A24, Frugoni habría omitido incluir en sus declaraciones juradas al menos cinco inmuebles ubicados en el estado de Florida, a los que se sumarían otros tres departamentos revelados en un informe televisivo.
En total, serían ocho unidades en Miami y sus alrededores, con valores que oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares cada una. Cabe destacar que la Ley de Ética Pública obliga a todos los funcionarios a detallar la totalidad de sus bienes, tanto en el país como en el exterior. La omisión de este tipo de activos no solo constituye una falta administrativa, sino que puede derivar en una causa penal por omisión maliciosa. La trama se complejiza aún más por el uso de sociedades offshore.
De acuerdo con la documentación relevada, Frugoni controlaría parte de estas propiedades a través de dos firmas radicadas en Delaware -Genova LLC y Waki LLC-, una jurisdicción conocida por su opacidad financiera. Ambas habrían sido utilizadas como vehículos para adquirir y administrar los inmuebles en territorio estadounidense. Pero el elemento más contundente aparece en los registros oficiales: al menos una propiedad figura directamente a nombre del funcionario.
Se trata de un departamento en Delray Beach, adquirido en 2021 por 215.000 dólares, cuya valuación actual supera los 300.000. Incluso, ese inmueble habría recibido una exención impositiva en Florida reservada exclusivamente para residentes permanentes, un beneficio que abre interrogantes sobre su situación fiscal y migratoria, dado que Frugoni ejerce funciones públicas en Argentina. La distribución de los bienes también deja detalles llamativos.
Sin ir más lejos, cinco de las propiedades están ubicadas en el condado de Palm Beach, en zonas como Lantana, West Palm Beach y South Palm Beach. En uno de los casos, el domicilio postal declarado remite a la sede del club Newman, en la provincia de Buenos Aires, una dirección vinculada al propio recorrido personal y profesional del funcionario. El nombre de Frugoni no es nuevo en el radar de la polémica.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando presidía Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), ya había sido cuestionado en el marco de la obra del Paseo del Bajo. Hoy, bajo la órbita del ministro de Economía Luis Caputo, vuelve a quedar en el centro de la escena, pero en un contexto aún más delicado: el de un gobierno que prometió transparencia mientras ajusta el gasto público.
El caso además no aparece aislado. Se suma a una serie de cuestionamientos recientes contra funcionarios de la actual administración por presuntas inconsistencias en sus patrimonios declarados. Entre ellos, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el titular de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, quien incluso enfrenta una investigación judicial por delitos como evasión y lavado de activos. En este escenario, la denuncia contra Frugoni impacta de lleno en un área especialmente sensible: la obra pública. No solo por el volumen de recursos que maneja, sino porque históricamente ha sido uno de los sectores más expuestos a irregularidades y conflictos de interés.