La saga judicial que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de estrenar un nuevo capítulo en manos de la decisión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que emitió un dictamen que respalda la solicitud del fiscal Mario Villar para que la ex vicepresidenta sea condenada a doce años de prisión.
La acusación se basa no solo en el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sino también en el más grave de asociación ilícita, atribuyéndole el rol de jefa de una supuesta organización criminal. Esta decisión, que llega en un momento de alta polarización política y social con la pelea entre libertarios y macristas por el proyecto de ley Ficha Limpia, plantea interrogantes sobre los verdaderos móviles detrás de este proceso de ¿lawfare? judicial.
En su dictamen, el procurador Casal sostiene que las pruebas presentadas por el fiscal Villar son concluyentes para sustentar la figura de asociación ilícita: según analizó, los 51 procesos licitatorios investigados no pueden ser considerados como un único delito, sino como parte de un esquema más amplio y sostenido de corrupción. Sin embargo, esta interpretación contradice lo que previamente habían determinado tanto el Tribunal Oral Federal 2 como la Cámara Federal de Casación Penal, que habían desestimado la figura de asociación ilícita y reducido el caso a administración fraudulenta.
El dictamen de Casal también pone en valor la tesis de los "delitos indeterminados", argumentando que la supuesta organización criminal no se limitó a un único plan concreto, sino que tenía fines más amplios y no completamente detallados.
La decisión del procurador no puede analizarse en un vacío político. Cristina Kirchner, una figura central en la política argentina y líder indiscutida del peronismo, denunció en repetidas ocasiones que las causas judiciales en su contra son parte de una estrategia de lawfare. Según este punto de vista, sectores del poder judicial y mediático actúan en connivencia con intereses políticos para debilitar su liderazgo y deslegitimar su legado de gestión sobre todo en el Estado.
El caso Vialidad, emblemático en esta disputa, está marcado por irregularidades y cuestionamientos desde sus inicios. La ex vicepresidenta señaló arbitrariedades en la sentencia original y planteó dudas sobre la imparcialidad de los jueces involucrados. Además, el hecho de que el procurador Casal haya sido designado interinamente y sin consenso político añade un componente adicional de controversia sobre su papel en este engorroso proceso.
En la misma línea y más allá de las implicancias legales, este dictamen tiene consecuencias políticas de gran alcance: de confirmarse la condena por parte de la Corte Suprema, Cristina enfrentaría no solo la posibilidad de prisión efectiva, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Lo más cuestionable del proceso es que se insiste en una figura penal controvertida como la asociación ilícita cuando dos instancias previas ya la habían descartado. Además, el hecho de que este caso dependa ahora del análisis de la Corte Suprema que responde a intereses políticos, añade una capa adicional de incertidumbre.
El fallo del procurador Eduardo Casal al pedido de condena contra Cristina Fernández de Kirchner reaviva el debate sobre la independencia del poder judicial en Argentina y ahora es la Corte Suprema tiene ahora en sus manos una decisión histórica aunque no hay plazos para que expida la decisión final. ¿Estará el poder judicial a la altura para actuar con la imparcialidad debida?