El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una investigación judicial que pone en duda la coherencia entre sus ingresos declarados y el fuerte incremento patrimonial registrado desde su llegada al Gobierno. Los números, reconstruidos en base a documentación oficial y registros judiciales, abren interrogantes difíciles de responder y comprometen el discurso de transparencia de la administración de Javier Milei. El periodista Hugo Alconada Mon resumió las inconsistencias en sus redes sociales al compartir la investigación que realizó junto al periodiosta Ignacio Grimaldi: "(Adorni) Declaró US$48.720 al cierre de 2024. Pero sólo entre enero y noviembre de 2025 gastó US$25.954 más de lo que tenía. Compró propiedades y autos, viajó a Aruba, Punta del Este y Nueva York, y tomó hipotecas por US$300.000".
Los datos que analiza la Justicia son contundentes. Al cierre de 2024, Adorni había declarado un total de US$48.720 entre efectivo y cuentas en el exterior. Sin embargo, en 2025 los gastos detectados superan ampliamente ese monto. Solo tres movimientos iniciales ya dejan un saldo negativo: el viaje a Aruba, valuado en US$14.674; el pago de US$30.000 por un departamento en Caballito; y otros US$30.000 destinados a cancelar parcialmente una hipoteca previa.
Esa secuencia arroja un desfasaje de más de US$25.900 respecto de los fondos declarados. Pero el cuadro general es aún más amplio. Según reconstrucciones judiciales, los gastos inmobiliarios ascienden a unos US$65.000, mientras que los viajes suman US$27.658 en efectivo. A eso se agregan nuevas deudas por US$335.000, producto de dos hipotecas no bancarias que también generan sospechas. Uno de los puntos más sensibles del expediente es el origen del financiamiento.
Ninguna de las hipotecas fue otorgada por entidades bancarias. En cambio, aparecen como acreedoras personas físicas con perfiles atípicos para operaciones de ese volumen: una ex integrante de la Policía Federal, una jubilada y una afiliada al PAMI. Los montos -US$100.000 en un caso y US$200.000 en otro- y las condiciones pactadas alimentan las dudas sobre la trazabilidad del dinero.
De esta manera, la Justicia intenta determinar si se trata de préstamos genuinos o de mecanismos utilizados para justificar movimientos patrimoniales. El patrimonio familiar también quedó bajo la lupa. Adorni había declarado inmuebles en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires que no vendió, mientras que su esposa, Bettina Angeletti, figura como titular de otras propiedades, incluida una casa en el country Indio Cua.
Un dato clave es que la declaración jurada de su cónyuge no había sido presentada ante la Oficina Anticorrupción hasta que la investigación ya estaba en marcha, lo que suma otro elemento de opacidad. La facturación de las actividades de Angeletti -que pasó de monotributista a trabajadora autónoma- también forma parte de las incógnitas que busca despejar la fiscalía. El nivel de gasto registrado no se limita a inversiones inmobiliarias. Incluye viajes internacionales, algunos en condiciones llamativas, como un vuelo privado a Punta del Este y la participación en una comitiva oficial a Nueva York, donde incluso se investiga quién financió ciertos pasajes.
A esto se suman los costos de mantenimiento de múltiples propiedades, expensas elevadas, gastos familiares y consumos con tarjeta que, según registros del Banco Central, llegaron a niveles mensuales millonarios. Durante gran parte del período bajo análisis, el salario de Adorni se mantuvo en torno a los 3,5 millones de pesos brutos mensuales. Recién en 2026 se produjo un incremento que duplicó esos ingresos. Para entonces, sin embargo, el grueso de las operaciones patrimoniales ya había sido realizado. Pese a la magnitud de las inconsistencias, el jefe de Gabinete no respondió a las consultas periodísticas. El expediente, en tanto, avanza con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, mientras la fiscalía busca establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados, los gastos y el incremento patrimonial.