Impactante
24 Abril de 2026 17:14
La Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes la ejecución de bienes que pertenezcan al empresario detenido Lázaro Báez, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, con el fin de llegar a cubrir el monto establecido como relacionado a la administración fraudulenta al Estado en la causa conocida como Vialidad.
La decisión del tribunal compuesto por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 meses atrás, cuando determinó un monto mayor a los 684.000 millones de pesos como lo calculado para recuperar los activos perdidos por corrupción en la investigación. "La ejecución del decomiso resulta indispensable para evitar que la condena quede reducida a una declaración formal mientras los activos derivados de la maniobra continúan produciendo efectos patrimoniales", explicó Hornos en el fallo.
El magistrado también fue quien aclaró que "el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria", una acción que golpea de forma directa a los dos hijos del ex presidente Néstor Kirchner, y que levantó quejas por parte de los abogados de CFK y su familia, quienes argumentaron que varios de los bienes fueron heredados o recibidos por cesión en 2016, y que incluso algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.
Barroetaveña también acompañó lo expuesto por su colega en relación a los bienes heredados y de terceros, mientras que Borinsky fue el único de los tres que votó en disidencia parcial, con diferencias explícitas en relación a la falta de acreditación entre los bienes decomisados y su vinculación con los delitos investigados.
En términos materiales la medida alcanza a más de 20 propiedades que pertenecen tanto a la ex presidenta como a sus dos hijos. El resto de los implicados tiene, también, otros 80 inmuebles, con Báez y sus empresas a la cabeza del cálculo. Las ejecuciones sólo contemplarán la causa que analiza la adjudicación fraudulenta de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Lo decomisado pasará a la órbita de la Corte Suprema de Justicia y el máximo tribunal se encargará de su administración y eventual venta.
El fallo se enmarca en una condena ya firme que incluye la pena de prisión domiciliaria que la ex mandataria cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución y el decomiso de activos para resarcir al Estado. Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados, aclaró la agencia Noticias Argentinas (NA).
