En un país donde cada recorte se disfraza de "eficiencia" y cada derecho vulnerado se justifica en nombre del "ajuste", la voz de Laura Lavega irrumpe con la fuerza de la verdad que ya no puede ni quiere callarse. Referente de la Red de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, le respondió con crudeza y claridad al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por sus recientes declaraciones en el canal Neura.
Spagnuolo, íntimo del presidente Javier Milei y célebre por haber dicho que un hijo con discapacidad "es un problema de la familia y no del Estado", volvió a mostrar que para este gobierno, las personas con discapacidad son una variable más del ajuste. Esta vez, con una sonrisa cínica y tono triunfalista, se jactó de haber dado de baja 80.000 pensiones no contributivas, como si dejar a miles de personas sin sustento fuera una hazaña digna de elogio y celebración.
Lavega no lo dejó pasar. Y su descargo, lejos de ser una simple réplica, fue un grito colectivo cargado de datos, denuncias y dolor. "Fue una nota llena de falacias, una nota indignante, una nota que lastima y vulnera derechos, haciendo alarde de las 80.000 pensiones dadas de baja, pensiones a las que nosotros queremos ir llamando pensiones no contributivas, no pensiones por invalidez laboral, porque al poner la palabra laboral en el medio dejan afuera a todas aquellas personas con discapacidad que no tienen edad laboral todavía", disparó en un video casero hecho desde la intimidad de su casa.
Y fue más allá: "Dejen de jugar con la discapacidad. Dejen de tomar a las personas con discapacidad, a sus prestadores y a todos los derechos que han conseguido como una herramienta de sustentabilidad para un equilibrio fiscal que es mentiroso y que no existe. La ley de emergencia en discapacidad implica menos de 0,5 puntos del PBI, menos, entonces basta. La emergencia en discapacidad es hoy, la emergencia en discapacidad existe y necesitamos que sea ley ya. Le pedimos a Spagnuolo, que debería estar peleando por los derechos de las personas con discapacidad, que deje de hacer alarde los recortes que hace".
Mentiras oficiales y auditorías fantasmas
Según el propio Spagnuolo, más del 60% de los beneficiarios citados por el Estado no se presentaron a la auditoría para mantener sus pensiones. Lo que omitió decir es que las citaciones fueron enviadas a direcciones inexistentes. Lavega lo cuenta con un ejemplo brutal: "Hace 15 días, en La Plata, la dirección que figuraba para la auditoría era un gimnasio. No tenía nada que ver con esto, que de golpe se encontró con gente que llegaba a ser una auditoría. La gente llegó y no había nadie de ANDIS, ni médicos ni asistentes. Así y todo, los consideraron como ausentes. Y la ausencia, para este gobierno, es causal de suspensión automática".
¿La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial? Sí. Pero, ¿quiénes acceden realmente al Boletín Oficial en un país con más del 40% de pobreza y un Estado que ni siquiera puede enviar una carta documento a un barrio sin nombre ni número? El descargo de Lavega fue tan claro como contundente: "La ley de emergencia en discapacidad existe, y la emergencia es ahora". No es una consigna; es una advertencia. En un solo mes, detalló la referente, cerraron ocho centros de día en La Plata, dejando a 500 personas sin tratamientos, a cientos de trabajadores sin empleo, y a familias enteras sin su único plato de comida del día.
Ante esto, Laura advirtió: "Por ahí es un número que les resulta poco, pero es un montón. Con un promedio de 60 concurrentes por centro de día, son casi 500 personas con discapacidad que se han quedado sin su tratamiento, son cientos de personas que se quedaron sin su fuente de trabajo, son muchísimos los que tal vez han perdido el único plato de comida diario que tenían. Dejen de jugar con la discapacidad". La brutalidad de este ajuste no se esconde. Se exhibe. Como cuando en marzo la Agencia Nacional de Discapacidad intentó reintroducir términos como "idiota" o "débiles mentales" en la normativa para acceder a pensiones.
La resolución fue derogada por el repudio masivo de propios y extraños, pero dejó al desnudo el verdadero rostro de esta gestión: un Estado que humilla para justificar recortes. Spagnuolo, quien en su rol de titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, debería estar al frente de una cruzada por los derechos de las personas con discapacidad y no celebrando recortes como si fueran logros de gestión. Pero Lavega les recuerda, con angustia, uno de los dogmas libertarios: "Si no creen en la justicia terrenal, que tengan claro que como ellos dicen, hay una justicia divina. Y las fuerzas del cielo pueden ser bastante más fuertes que la tierra".
Un sistema al borde del colapso
Los prestadores están desfinanciados. Las familias, desesperadas. Hogares que antes brindaban contención hoy cierran sus puertas por falta de recursos. La Ley de Emergencia en Discapacidad -ya con media sanción en Diputados- es una tabla de salvación que el Gobierno nacional amenaza con vetar. Desde la Provincia de Buenos Aires, el enfoque es otro. Hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay intención de adherir a la Ley Nacional 24.901 y garantizar que el IOMA pague a valor nomenclador. "Para la Provincia, la discapacidad es un derecho; para Nación, somos un gasto a eliminar", resumió Lavega.
La situación es tan crítica que el colapso ya no es una amenaza, es una realidad. Prestadores con deudas impagables, sin recursos para pagar cargas sociales ni sostener personal. Centros que cerraron no volverán a abrir. Y detrás de cada cierre, no solo hay un tratamiento que se pierde: hay vidas que se apagan. "Ley de emergencia en discapacidad, ya", exige la Referente de la Red de Prestadores de Discapacidad bonaerense. No es solo una consigna política. Es un ruego por humanidad.
En un país donde los poderosos juegan a la eficiencia mientras los más vulnerables pagan el costo, la voz de Laura Lavega es un acto de resistencia. Es el espejo que este Gobierno se niega a mirar. Porque, como gritaban frente al Congreso en las innumerables marchas que se hicieron en apoyo a esta causa: "No somos idiotas. No somos imbéciles. Somos personas con derechos". Y esos derechos siguen vivos en cada prestador que resiste y en cada familia que reclama.