El avance judicial y parlamentario sobre el fraude de la criptomoneda $LIBRA sumó esta semana un capítulo explosivo que amenaza con salpicar directamente al presidente Javier Milei. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de bienes muebles, inmuebles y activos financieros del empresario estadounidense Hayden Davis y de los operadores Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino, en el marco de la investigación por presunto fraude y lavado de activos.
La medida cautelar de "prohibición de innovar" busca evitar que los acusados dispongan de fondos antes de que concluya el proceso penal. La resolución, impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, se apoya en un informe técnico del Ministerio Público Fiscal, que estimó el fraude entre 100 y 120 millones de dólares y recomendó preservar los bienes para un eventual decomiso. Martínez de Giorgi en su fallo sostuvo que se cumplen los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, dado el riesgo de que los activos digitales sean transferidos antes de una resolución definitiva.
Por orden del juez, la Comisión Nacional de Valores (CNV) deberá notificar a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y extender el bloqueo a todas las plataformas cripto que operan en el país. Mientras tanto, en Estados Unidos el escándalo tomó dimensión global. Inversores afectados ampliaron una demanda colectiva en Nueva York contra Davis, la plataforma Meteora y su referente Benjamin Chow, a quienes acusan de liderar una "fábrica de fraude". La presentación invoca la RICO Act, la ley que penaliza el crimen organizado, al sostener que los fraudes de $M3M3 y $LIBRA forman parte de un mismo patrón delictivo.
Pero el golpe más fuerte llegó con los documentos judiciales que revelan vínculos financieros entre Davis y el presidente Milei, incluyendo transferencias millonarias coincidentes con reuniones en la Casa Rosada. Los papeles mencionan además planes de lobistas para "monetizar la imagen del Presidente", y mensajes de texto atribuidos a Davis que sugieren un esquema de influencia que incluso contemplaba el lanzamiento de otro criptoactivo: $MILEI. Por otro lado, tras tres meses de trabajo, la Comisión Investigadora del Caso Libra en la Cámara de Diputados logró consolidar un expediente de más de diez cuerpos.
El diputado Juan Marino afirmó que se hallaron "indicios que refuerzan la hipótesis de que el presidente Javier Milei habría incurrido en mal desempeño en el uso de sus atribuciones". El informe técnico del experto en blockchain Fernando Molina registró más de 140 mil billeteras virtuales vinculadas a Libra, de las cuales 36 obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares. En base a esos hallazgos, la diputada Mónica Frade propuso presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, tras el rechazo de la Cámara Federal al pedido de auxilio de la fuerza pública.
La oposición también resolvió avanzar con denuncias penales contra el juez Martínez de Giorgi, el fiscal Taiano y varios funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik, la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia Florencia Zicavo, los representantes de la CNV Roberto Silva y Sergio Morales, y el presidente de la UIF, Paul Starc. A todos ellos se los acusa de mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El diputado Maximiliano Ferraro -quien presidió la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados- aseguró que durante estos tres meses, luego de destrabar el bloqueo inicial del oficialismo, llevamos adelante 11 reuniones de trabajo, recibimos documentación de exchanges y organismos públicos, y consolidamos todo en un expediente que será remitido al Juzgado Federal y al fiscal Taiano". La diputada Sabrina Selva reveló que la comisión identificó un conjunto de transferencias de criptomonedas coincidentes en montos y fechas con los pagos reportados en un presunto "acuerdo de cooperación" para monetizar la imagen del presidente.
Según la legisladora, el documento -difundido originalmente por el periodista Hugo Alconada Mon- estipulaba un pago inicial de 300.000 dólares y pagos mensuales de 250.000 dólares a cambio de la representación exclusiva del Estado argentino en asuntos de blockchain. A raíz de un oficio enviado por la comisión, Binance confirmó la existencia de una billetera perteneciente al lobista Mauricio Novelli y entregó sus movimientos: recibió aproximadamente 300.000 dólares entre el 19 y el 30 de noviembre de 2024, y 250.000 el 17 de enero de 2025, cifras que coinciden con el cronograma del supuesto acuerdo.
De hecho, Selva detalló que la comisión "pudo verificar que Mauricio Novelli recibió al menos 30.897 dólares de esos fondos, el 26 de noviembre de 2024. Esa billetera distribuyó el resto a exchanges internacionales, incluyendo OKX, Bybit, Bitget y Binance". Para los investigadores, esas operaciones podrían corresponder a pagos realizados por Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, en virtud del acuerdo. En la última reunión de la comisión, la diputada oficialista Alida Ferreyra leyó un documento firmado por el bloque de Gabriel Bornoroni, en el que se calificó el proceso como "nulo". "Se vulneraron las garantías individuales intentando querer citar por la fuerza pública a personas para que concurran a declarar ante la comisión", sostuvo.
Sin embargo, la respuesta de la oposición fue inmediata. "Los diputados del oficialismo se ausentaron de la comisión, y no obstruimos la investigación judicial; al revés, colaboramos con la justicia", replicó Sabrina Selva. A su vez, Mónica Frade apuntó que "hay un reglamento que sería importante que el oficialismo, cada tanto, lo lea", negando cualquier intromisión del Congreso en la tarea del Poder Judicial. Lo cierto es que lo que comenzó como una promoción presidencial de una criptomoneda "para financiar empresas argentinas" el pasado 14 de febrero, terminó abriendo una grieta institucional que hoy amenaza con desbordar a todo el Gobierno.