El escándalo por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei suma capítulos y nombres propios. Lo que comenzó como una polémica por condiciones presuntamente favorables se transformó en una trama más amplia, atravesada por denuncias judiciales, modificaciones internas y beneficiarios que, lejos de necesitar financiamiento, ya contaban con patrimonio consolidado. Uno de los casos más resonantes es el del secretario de Finanzas, Federico Furiase, considerado el "número 2" del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo.
Según reveló el periodista Alejandro Bercovich, Furiase accedió a un crédito superior a los 300 millones de pesos para adquirir una propiedad de U$S 300.000 en un barrio privado. "Se trata de una propiedad de 200 metros cuadrados, de dos plantas, edificada en un predio de 880 metros cuadrados, comprada el año pasado", detalló Bercovich. Pero el dato que encendió las alarmas es otro: "Lo más grave del caso es que no se trata ni siquiera de una segunda vivienda, sino de una tercera".
El eje de la polémica no es solo el monto, sino el perfil de los beneficiarios. Según la investigación periodística, Furiase ya contaba con otras dos propiedades en Ramos Mejía y además poseía otro crédito hipotecario con el Banco Ciudad. "Estas líneas de crédito, que tan útiles son para personas que necesitan resolver su problema de vivienda, fueron modificadas por esto gobierno para hacerlas más generosas y los únicos que acaban calificando son los altos funcionarios como Furiase", analizó Bercovich.
De esta manera, las políticas diseñadas, en teoría, para facilitar el acceso a la vivienda terminan siendo capitalizadas por quienes menos lo necesitan. Frente a la creciente polémica, el ministro Caputo salió a respaldar el esquema. "No hay nada ilegal y mucho menos inmoral", aseguró. Y fue más allá: "Es totalmente legal y moral, es justo que lo pueda hacer". El presidente Javier Milei también hizo lo propio: "Si un funcionario tomó un crédito en el Banco Nación, la pregunta es si con eso mató gente".
El argumento oficial se sostiene en la formalidad de las operaciones: créditos otorgados a tasas de mercado y dentro de los marcos regulatorios vigentes. Sin embargo, la discusión excede lo legal para entrar en el terreno de lo ético y lo político: quién accede al crédito, en qué condiciones y con qué criterios. El caso Furiase no es aislado. La lista de funcionarios y dirigentes beneficiados incluye nombres como Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano Mongilardi y Guillermo Patricio Madero, todos con créditos que superan ampliamente los 200 millones de pesos.
Incluso aparece el caso de Juan Pablo Carreira, conocido en redes como "Juan Doe", quien habría accedido a un préstamo de 112 millones pese a que su declaración jurada no reflejaba ingresos o patrimonio compatibles con ese nivel de endeudamiento. En paralelo, el foco se trasladó a la provincia de Buenos Aires, donde el concejal libertario Alexis Hasen accedió a un crédito de 221 millones de pesos mientras trabajaba como asesor del directorio del propio Banco Nación. Su madre, empleada de la entidad, recibió otros 203 millones en el mismo período.
Ambos suman financiamiento por $425 millones. Pero el dato más delicado es otro: la madre ya figura como morosa y el propio Hasen destina más del 50% de sus ingresos al pago de la cuota. El caso abre interrogantes sobre los criterios de evaluación crediticia. Tradicionalmente, la estabilidad laboral es un factor clave para otorgar hipotecas. Sin embargo, una resolución interna del banco habría modificado ese requisito para permitir el acceso a funcionarios.
Esa modificación normativa es uno de los puntos más sensibles. Según trascendió, el directorio del banco habría flexibilizado las condiciones para habilitar estos préstamos, en un contexto en el que también se discutían recortes, cierre de sucursales y reducción de personal. El contraste resulta evidente: mientras se ajusta la estructura del banco, se otorgan créditos millonarios a perfiles con capacidad patrimonial o vínculos políticos.
La hipótesis más inquietante es que algunos beneficiarios, con acceso a información privilegiada, habrían aprovechado ese conocimiento para acceder a condiciones ventajosas. El tema ya escaló a los tribunales. Existen al menos 10 denuncias en Comodoro Py y dos causas abiertas que buscan determinar si hubo irregularidades en la aprobación de los créditos. Las autoridades del Banco Nación enfrentan presiones judiciales para explicar los criterios utilizados, en un contexto donde la defensa oficial se apoya en la legalidad formal, pero no logra disipar las dudas sobre la equidad del sistema.