Luego de más de 11 horas de una sesión atravesada por la tensión política, el oficialismo consiguió lo que buscaba: convertir en ley la reforma pro minera de la Ley de Glaciares. Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, La Libertad Avanza, junto a un amplio entramado de aliados, logró redefinir los alcances de una norma clave para la protección ambiental en Argentina. Desde uno de los balcones del recinto, Karina Milei siguió de cerca el desenlace, en una escena que sintetizó el peso del Ejecutivo sobre una votación que, más allá del resultado, dejó expuestas profundas grietas sobre el modelo de desarrollo que se pretende impulsar.
La reforma sancionada modifica criterios de protección para habilitar actividades económicas -principalmente mineras- en zonas periglaciares, hasta ahora resguardadas bajo estándares más restrictivos. Además, transfiere mayores facultades a las provincias para decidir qué áreas proteger, reduciendo la capacidad de control del Estado nacional. El oficialismo no solo contó con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, sino que incluso logró captar votos de sectores de la oposición, evidenciando un mapa político fragmentado y permeable a las presiones territoriales vinculadas a la explotación de recursos.
Antes del tratamiento de fondo, la sesión dejó una señal clara sobre las prioridades parlamentarias. Todos los intentos de la oposición por introducir temas sensibles fueron rechazados. Fracasaron los pedidos para debatir la quita de acreditaciones a periodistas, la postura internacional de Argentina frente a conflictos bélicos y, especialmente, la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. También fue bloqueada la posibilidad de tratar iniciativas vinculadas al caso Libra, que incluían citaciones tanto a Adorni como a Karina Milei. Cualquier asunto que pudiera incomodar al oficialismo quedó fuera de discusión.
El oficialismo defendió la reforma bajo la premisa de compatibilizar crecimiento económico con cuidado ambiental. Nicolás Mayoraz, uno de los principales voceros del proyecto, cargó contra las críticas y afirmó: "Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible". En la misma línea, sostuvo que la iniciativa "viene con claridad meridiana del Senado" y que busca "aclarar conceptos" sin modificar el "paradigma de protección de los glaciares". Incluso aseguró que "queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión".
Pero del otro lado del recinto, la lectura fue diametralmente opuesta. La diputada Adriana Serquis sostuvo: "se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos". Y advirtió: "esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva". Con una maqueta en mano, buscó graficar el impacto potencial de la norma: "Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes".
Las críticas más duras apuntaron al origen mismo del proyecto. Maximiliano Ferraro denunció sin rodeos: "el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo". Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola advirtió que se trata de una entrega de recursos estratégicos: van a "defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros".
En un tono aún más extremo, Juan Grabois calificó la iniciativa como "una ley envenenada" y lanzó una metáfora inquietante: "Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa". Las advertencias no se limitaron al impacto ambiental. Sabrina Selva sostuvo que "esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales", mientras que Miguel Pichetto cuestionó la delegación de facultades: "la Nación, con esta ley, pierde todo tipo de capacidad de control".
Del lado de los defensores, el eje estuvo puesto en la necesidad de atraer inversiones y dinamizar economías regionales. El proyecto fue impulsado por gobernadores de provincias mineras, interesados en aprovechar el régimen del RIGI para captar capitales. Darío Schneider sostuvo que la reforma busca "perfeccionar las facultades que ya tienen constitucionalmente las provincias", mientras que desde el PRO se pidió superar la dicotomía entre ambientalismo y desarrollo.
Incluso sectores que acompañaron en general, como el MID, reconocieron problemas. Eduardo Falcone advirtió que "la ley tiene un error importante" porque "habilita la posibilidad de desinventariar glaciares", algo que consideró incorrecto debido a su función hídrica. El debate no puede separarse del contexto económico. La promesa de inversiones millonarias en minería aparece como uno de los pilares del modelo oficial, en un país urgido por dólares.
Sin embargo, los críticos ponen en duda ese argumento. Pichetto fue claro: "el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido", recordando que durante los últimos 15 años las inversiones en el sector crecieron incluso con la ley vigente. Máximo Kirchner, en el cierre, sintetizó esa mirada con una advertencia política: "una cosa es que vengan a invertir y que el pueblo argentino les fije las condiciones, y otra cosa es que este Congreso le de patente de corso".
Y dejó una pregunta que sobrevoló toda la sesión: "¿vamos a poner en peligro los glaciares y periglaciares?". La nueva normativa redefine qué áreas pueden ser explotadas y abre la puerta a intervenciones en zonas antes protegidas, siempre que no se demuestre científicamente su función hídrica. En los hechos, esto implica invertir la lógica preventiva que regía hasta ahora. Mientras el oficialismo celebra una victoria legislativa clave, la oposición ya anticipa un escenario de judicialización y conflicto.