La Cámara de Diputados sesionó con un clima enrarecido, todavía atravesado por los violentos incidentes del día anterior vinculados a la reforma laboral. Sin embargo, el oficialismo logró capitalizar la jornada: obtuvo la media sanción del nuevo régimen penal juvenil -que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad- y ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El primer triunfo fue político y simbólico. El Gobierno aprobó la reforma penal juvenil con 149 votos a favor y 100 en contra. En la negativa se alinearon Unión por la Patria, la izquierda, los diputados cercanos a Raúl Jalil y Natalia de la Sota.
La segunda votación fue más holgada: el tratado con la Unión Europea reunió 203 apoyos frente a 42 rechazos y cuatro abstenciones. El resultado dejó al descubierto fracturas internas en el peronismo: 43 diputados acompañaron al oficialismo mientras otros 38 -el kirchnerismo duro, La Cámpora y el sector de Juan Grabois- votaron en contra. Incluso sorprendió que el jefe del bloque, Germán Martínez, no se abstuviera y respaldara al Gobierno.
La reforma crea un nuevo régimen penal juvenil y reemplaza una normativa vigente desde la dictadura. Establece penas de hasta 15 años para delitos graves, descarta la prisión para delitos menores a 3 años y propone sanciones alternativas para condenas de entre 3 y 10 años sin muerte ni lesiones graves. Además, prohíbe la prisión perpetua para menores y dispone que los adolescentes cumplan condena en establecimientos separados de adultos.
El oficialismo asegura que el objetivo es educativo y no punitivo. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es "amontonar menores privados de la libertad en establecimientos" sino "resocializarlos". Y agregó: "Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas".
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. Victoria Tolosa Paz acusó al oficialismo de construir una agenda electoralista: Patricia Bullrich instaló "una campaña de marketing diciendo 'delito de adulto, pena de adulto'". "Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país", señaló.
Y remató: "este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera una juego de póker, sino con responsabilidad política". Otro foco de tensión fue el financiamiento. El diputado Maximiliano Ferraro propuso un mecanismo directo, pero el oficialismo lo rechazó e insistió en convenios entre Nación y provincias, dejando abiertas dudas sobre quién pagará el nuevo sistema.
El proyecto ahora pasará al Senado, donde el Gobierno buscará aprobarlo el 26 de febrero. En la misma sesión se ratificó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, un tratado de 5.000 páginas que elimina aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque y facilita el ingreso de bienes industriales europeos. El acuerdo fue firmado el 17 de enero en Asunción con la presencia de Javier Milei, Santiago Peña y Yamandú Orsi, aunque sin el presidente brasileño Lula da Silva.
Aún así, su implementación no es inmediata: el Parlamento Europeo pidió revisar su impacto y el proceso podría demorar hasta dos años, aunque existe la posibilidad de aplicación provisoria. También aquí hubo fracturas opositoras. Santiago Cafiero votó en contra al advertir que el tratado "no garantiza que podamos tener accesos a los mercados europeos" y denunció "barreras pararancelarias que terminan funcionando como muros para que la producción agropecuaria no pueda penetrar".
En cambio, Agustín Rossi apoyó la ratificación: "es un acuerdo que fortalece el Mercosur" y "lo consolida como actor económico comercial y lo referencia desde el punto de vista internacional". Incluso afirmó: "Voy a votar a favor del acuerdo. A mi criterio es una insubordinación estratégica al presidente Donald Trump". Desde el oficialismo, Juliana Santillán celebró la aprobación: "este acuerdo es una señal clara" y "el objetivo es claro: ampliar y facilitar el comercio de bienes y servicios, reducir las barreras arancelarias, mejorar competitividad y la cooperación". También aseguró: "este acuerdo no es un punto de llegada sino un punto de partida".
Y defendió el rumbo: "Estamos ratificando un rumbo. Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo. Eso no implica desproteger a los sectores sensibles sino darles herramientas para competir". Para la diputada libertaria, "la historia demostró que el aislamiento no genera desarrollo productivo" y concluyó: "Necesitamos mercado, reglas claras y confianza. Este acuerdo contribuye a esos objetivos". De esta manera, mientras el Gobierno endurece su política penal hacia los adolescentes, profundiza la apertura económica externa. Seguridad punitiva puertas adentro, desregulación comercial hacia afuera.