Javier Milei dio un nuevo paso en su cruzada privatizadora al firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025, que actualiza el marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) con un objetivo claro: dejar todo preparado para su venta definitiva al sector privado. Pero el cambio más grave del decreto no está en los tecnicismos legales ni en los números: por primera vez, el Gobierno habilitó a la empresa a cortar el suministro de agua potable en hogares que acumulen dos meses de deuda. El decreto, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei y todo su gabinete, aprueba un "texto ordenado" de la Ley 26.221.
Todo esto, claro está, con el argumento de "dar certeza jurídica" antes de la privatización. En los hechos, el nuevo marco elimina una de las últimas barreras que protegían a los usuarios del acceso al agua, un servicio que hasta ahora solo podía ser restringido, pero no interrumpido por completo. La norma establece que "la Concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes", y que la interrupción podrá aplicarse "por falta de pago de una factura con una mora de como mínimo sesenta (60) y quince (15) días para los usuarios residenciales y no residenciales, respectivamente".
Los días, de acuerdo con la norma, deberán ser "contados a partir de su segundo vencimiento". Hasta ahora, el artículo 81 del reglamento establecía algo muy distinto: en el caso de usuarios residenciales, AySA solo podía "restringir" el servicio -es decir, reducir el caudal de agua- y nunca suspenderlo por completo. Además, el procedimiento requería una intimación fehaciente con 15 días de anticipación y dos períodos consecutivos de facturación impagos. Con la nueva redacción, el Gobierno habilita directamente el corte total del suministro a los hogares, tratándolo como una prestación comercial más.
En la práctica, significa que una familia que no pueda pagar su factura en dos meses podría quedarse sin agua en su casa. El DNU 805/2025 también ajusta otros aspectos del régimen tarifario, alegando "errores materiales" en la normativa vigente y "distorsiones" en los llamados "cargos por construcción". Pero más allá del tecnicismo, el objetivo político y económico es claro: adecuar la empresa pública al modelo que exige su inminente privatización.
AySA fue declarada "sujeta a privatización" mediante la Ley Bases (Ley 27.742) aprobada el año pasado. Desde entonces, el Gobierno avanzó sin pausa en los pasos necesarios para transferirla a manos privadas. En agosto, el Ministerio de Economía dictó la Resolución 1198/2025, que fijó la venta del 90% del paquete accionario de la empresa, de la cual un 44% se colocará en el mercado y un 5% quedará en manos de los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada.
El plazo máximo para completar la operación es abril de 2026. Según esa resolución, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá contratar un banco estatal para valuar el paquete accionario y definir la colocación de las acciones en los mercados locales. El Gobierno justifica los cambios como parte del tantas veces mencionado proceso de "modernización y eficiencia", pero en los hechos, lo que se consolida es la entrega de un servicio esencial al capital privado y la pérdida de una herramienta estatal clave para garantizar el acceso universal al agua potable. Por primera vez desde su creación, AySA podrá cortar el agua a los usuarios por falta de pago.