El 24 de marzo es una fecha que late en el corazón de la memoria colectiva argentina. Año tras año, desde la recuperación de la democracia, este día convoca a recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, a exigir justicia por los crímenes de lesa humanidad y a reafirmar un compromiso indeclinable con los Derechos Humanos. Sin embargo, este 2026, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, la conmemoración se encuentra teñida de preocupación y bronca ante la postura reivindicadora y provocadora del gobierno de Javier Milei.
En vísperas de esta fecha tan significativa, el Ejecutivo anunció la difusión de un video para conmemorar el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia", al que insisten en agregarle la palabra "completa". Este gesto, lejos de ser inocuo, es una clara manifestación de la narrativa oficialista que busca equiparar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado con las acciones de las organizaciones armadas de los años setenta, en lo que se conoce como la "teoría de los dos demonios".
Aunque desde el gobierno aseguran que el contenido del video será una "sorpresa", las señales ya son claras. En declaraciones previas, el presidente Milei insiste en negar los 30.000 desaparecidos, una cifra emblemática que simboliza la magnitud del horror vivido. En su lugar, el mandatario prefiere ceñirse a los números oficiales de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que en 1984 documentó 8.753 casos. Sin embargo, esta cifra corresponde únicamente a denuncias formalmente registradas en ese momento y no refleja el alcance total del genocidio perpetrado por el Estado.
Milei reitera su rechazo a lo que denomina una "visión tuerta" de la historia, acusando al kirchnerismo y a otros sectores de construir una "mentira" al no incluir las acciones violentas de grupos guerrilleros en el relato oficial. Pero ¡ojo! porque esta postura no sólo ignora el consenso internacional sobre la responsabilidad superior del Estado en crímenes sistemáticos y planificados, sino que también hiere profundamente a quienes aún buscan justicia y verdad por sus seres queridos desaparecidos.
El año pasado, el gobierno utilizó un video encabezado por el filósofo de la ultraderecha Agustín Laje para reforzar esta narrativa. En ese mensaje, se insistió en que los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas fueron parte de una "guerra revolucionaria" y se acusó a quienes rechazan esta teoría de querer "borrar" a las víctimas de las organizaciones guerrilleras. Este año, aunque se anunció que habrá "caras nuevas" en el video, no se espera un cambio en el discurso oficialista. Incluso se especula que podrían participar familiares de desaparecidos, lo que sería un intento cínico de legitimar su postura.
Estas actitudes son preocupantes y peligrosas. Relativizar o justificar los crímenes cometidos por un Estado represor sienta un precedente alarmante para cualquier democracia. En un país donde las heridas del pasado aún no cierran y donde se siguen encontrando persona asesinadas por la dictadura tal como pasó en Córdoba en el ex centro clandestino de detención La Perla y donde miles siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos y donde los nietos apropiados siguen siendo restituidos gracias a la lucha incansable de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, este tipo de discursos amenazan con desandar décadas de avances en derechos humanos.