La jueza federal María Servini dio un paso clave en la investigación sobre la fallida criptomoneda $Libra, lanzada con bombos y platillos por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, y que terminó desplomándose horas después, provocando pérdidas para más de 40.000 pequeños inversores. En las últimas horas, Servini ordenó al Banco Central que informe qué entidades bancarias operaron cuentas a nombre del Presidente, su hermana Karina Milei -actual secretaria general de la Presidencia- y otros tres implicados en la causa. Además, ordenó el congelamiento por 90 días de los bienes de un ex asesor de Gobierno y otros empresarios acusados.
Los involucrados en la decisión judicial son el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, los empresarios Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, y dos familiares de este último. El requerimiento se da en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario y se centra en investigar la evolución patrimonial de los principales actores vinculados en el lanzamiento de $Libra. Las sospechas sobre un posible uso indebido de información privilegiada y maniobras de vaciamiento de activos se intensificaron a partir de un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal que reveló movimientos sospechosos de dinero a través de cajas de seguridad.
Uno de los principales apuntados es Mauricio Novelli, empresario señalado como nexo entre Milei, Karina y el capitalista extranjero Hayden Davis, quien financió el proyecto de la cripto. Novelli habría contratado el servicio de dos cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia diez días antes del tuit presidencial que disparó el valor de $Libra. Pero apenas horas después del llamado "rug pull" -término con el que se conoce a la clásica estafa cripto en la que se abandona el proyecto tras captar fondos-, su familia vació esas cajas en un operativo meticulosamente registrado por cámaras de seguridad.
El 17 de febrero, primer día hábil luego del derrumbe del token, las cámaras del banco registraron a la madre de Novelli, María Alicia Rafaele, y a su hermana, María Pía Novelli, ingresando con bolsos aparentemente vacíos y saliendo con los mismos visiblemente abultados. "Cargan las mochilas con cierto esfuerzo, presumiéndose que el contenido fue retirado de las cajas de seguridad", dice el informe policial, que ya está en manos del fiscal federal Eduardo Taiano.
La jueza Servini también ordenó la inhibición de bienes por 90 días para Novelli y sus familiares, mientras continúa la recolección de pruebas. La sospecha que guía la investigación es concreta: que el lanzamiento de la criptomoneda, impulsado públicamente por el propio presidente de la Nación, fue utilizado como fachada para una maniobra de vaciamiento financiero, en la que algunos actores clave habrían actuado con conocimiento previo del desplome del activo.
El posteo de Milei ocurrió el 14 de febrero, un viernes por la tarde, y funcionó como el trampolín perfecto para inflar el valor del token. Apenas días después, ya con miles de pequeños ahorristas atrapados en la caída, el presidente se desligó del proyecto con otro tuit que intentó despegarlo del desastre. Pero para entonces, los principales impulsores ya habrían retirado su dinero. La causa avanza con un ojo puesto en el entorno presidencial.
Que el nombre de Javier Milei y el de su hermana figuren en un requerimiento judicial para rastrear movimientos financieros ya es un escándalo en sí mismo. El Gobierno, que se jacta de combatir la corrupción y "limpiar la casta", ahora deberá explicar si usó su enorme influencia para apalancar un negocio privado que terminó beneficiando a unos pocos y perjudicando a miles. El rugido de $Libra se apagó en cuestión de horas. Lo que queda, en cambio, es el ruido cada vez más fuerte de una causa judicial que empieza a subir de temperatura. Y con ella, la sombra de un posible escándalo financiero con derivaciones directas en la Casa Rosada.