La comisión investigadora de la criptomoneda Libra -el primer gran escándalo de magnitud que golpeó de lleno al Gobierno- presentó este martes en la Cámara de Diputados el informe final con las conclusiones de meses de trabajo, que "incluirá consideraciones y recomendaciones surgidas del proceso". Así lo había adelantado el presidente del cuerpo, Maximiliano Ferraro, quien celebró en redes sociales las "últimas horas de trabajo intenso" con "revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información" para ofrecer "una respuesta seria, fundada y completa".
La comisión se conformó por impulso opositor para investigar la presunta estafa vinculada a la promoción de la criptomoneda $LIBRA, que causó pérdidas millonarias a miles de usuarios inducidos a invertir tras un posteo del propio presidente Javier Milei. Desde el inicio, el Ejecutivo negó cualquier irregularidad alegando que se trataba de una simple "memecoin", buscó bloquear el funcionamiento de la comisión y afirmó que la investigación parlamentaria "entorpecería" a la Justicia. El funcionamiento del cuerpo estuvo inicialmente paralizado durante meses por el bloqueo del oficialismo para elegir autoridades, hasta que un proyecto del propio Ferraro destrabó la situación.
Sin embargo, la investigación quedó debilitada por la renuencia de todos los funcionarios citados -entre ellos Karina Milei, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona y Roberto Silva- quienes evitaron declarar. El único dirigente del Ejecutivo que se presentó fue el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien negó categóricamente la participación del Estado: "no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados" a "Viva La Libertad Project". También sostuvo que "tampoco hubo una relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto", aunque dejó flancos abiertos durante su interpelación del 30 de abril.
A esto se sumó la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien negó a los diputados el acceso al expediente judicial y rechazó autorizar la comparecencia forzada de los funcionarios, lo que generó fuerte malestar en la comisión. El informe final -que será elevado al recinto antes del 20 de noviembre- consta de un expediente dividido en diez cuerpos con actas, testimonios, registros de exchanges, fechas de transferencias, informes técnicos y dictámenes.
Allí se detalla un entramado de presunto tráfico de influencias que involucra no solo a Javier y Karina Milei, sino también a los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían recibido dinero desde billeteras asociadas al creador del proyecto, el empresario estadounidense Hayden Davis. Las transferencias coinciden con reuniones en Casa Rosada y Olivos y retiros masivos de dinero en fechas clave.
Entre los testimonios más contundentes figuran el del empresario damnificado Martín Romeo -quien describió la "estafa" con precisión horaria- y el del programador Maximiliano Flirtman, que aseguró que el tuit de Milei fue "orquestado y programado con anterioridad" para inducir a los inversores. Tras nueve meses de trabajo, los 15 diputados firmantes concluyeron que el Presidente y su hermana "fueron engranajes claves que, por acción y por omisión, habilitaron una presunta estafa a nivel internacional", por lo que recomiendan al Congreso evaluar si Milei incurrió en mal desempeño.
El documento afirma: "$LIBRA constituye un caso de alta gravedad institucional." Y subraya que "Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del gobierno nacional para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional." Los diputados también pedirán denunciar penalmente a funcionarios del Ejecutivo que se negaron a colaborar, entre ellos Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik y Florencia Zicavo, así como al juez Martínez de Giorgi y al fiscal Taiano, quienes "sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación".
Entre los puntos más relevantes del documento, se destacan la identificación del modus operandi compatible con fraude tipo rug pull; las reuniones no registradas entre los actores involucrados, facilitadas por la Secretaría General; que el Presidente "habría prestado una colaboración imprescindible" al postear la cripto, divulgando un número de contrato que "no era de acceso público"; la estimación de que la operatoria involucró entre 100 y 120 millones de dólares y que 114.410 billeteras sufrieron pérdidas, incluyendo 498 con pérdidas superiores a US$100.000, mientras solo 36 ganaron más de US$1 millón.
Desde La Libertad Avanza calificaron la investigación como una cacería política. El diputado Nicolás Mayoraz sentenció que la comisión incurrió "en un decálogo de todos los excesos posibles, entre ellos el de autoritarismo". Para él, "la apoteosis llega cuando se pelea con la Justicia, y después dicen que quieren colaborar con la investigación judicial. Insólito". La pelota ahora queda del lado del Congreso: la recomendación final del informe es que la Comisión de Juicio Político evalúe si Milei incurrió en mal desempeño. El escándalo Libra, lejos de cerrarse, puede convertirse en un conflicto institucional de alta escala.