El Gobierno de Javier Milei decidió imprimirle máxima velocidad a la reforma de la Ley de Glaciares. Tras la ajustada aprobación en el Senado, La Libertad Avanza pondrá en marcha este miércoles el debate en la Cámara de Diputados en un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales -presidida por el libertario José Peluc- y Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz.
La intención oficial es clara: convertir en ley antes de fin de mes una modificación considerada estratégica para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y llegar a mostrarla como carta de presentación ante fondos y empresas internacionales en el "Argentina Week 2026", que se celebrará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo. En los pasillos de la Casa Rosada admiten que la media sanción ya funciona como "imán" para captar capitales interesados en la megaminería y los hidrocarburos.
Sin embargo, el apuro choca con una resistencia política y social creciente, y con un escenario numérico incierto en Diputados. La reforma modifica la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial. La normativa actual blinda tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares -suelos congelados compuestos por hielo, roca y sedimentos- por su función como reservas estratégicas de agua dulce.
El nuevo texto mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, pero redefine el alcance de las áreas periglaciares protegidas. En lugar de una prohibición automática, habilita la posibilidad de desarrollar proyectos extractivos en zonas que no cumplan una función hídrica comprobable, siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental. En los hechos, no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación.
SSolo aquellas formaciones que acrediten ser reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedoras de agua para la recarga de cuencas serán resguardadas. Además, la iniciativa transfiere mayores facultades a las provincias para determinar qué zonas proteger y cuáles habilitar, reduciendo la injerencia directa de la administración nacional. Si un área no cumple funciones hídricas, podría quedar excluida del Inventario Nacional de Glaciares que elabora el IANIGLA.
Para las organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, ese punto es el corazón del conflicto: advierten que se abre la puerta a la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en zonas hoy protegidas. La reforma está íntimamente ligada al RIGI, al que Milei definió ante la Asamblea Legislativa como "la política de desarrollo más eficaz del siglo". Según datos oficiales, ya hay proyectos aprobados por 25.000 millones de dólares y otros 45.000 millones en estudio.
De los 12 emprendimientos aprobados, cuatro corresponden a minería en Salta, Catamarca y San Juan. La presión de los gobernadores cordilleranos fue determinante. En diciembre, durante las negociaciones por la Reforma Laboral y el Presupuesto 2026, el compromiso incluyó acelerar la modificación de la Ley de Glaciares. Con esas normas ya sancionadas, la Casa Rosada activó el cronograma.
La votación en el Senado reflejó esa convergencia de intereses territoriales: el proyecto obtuvo 40 votos a favor y 31 en contra, con el respaldo de los exgobernadores peronistas Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca), representantes de provincias con fuerte perfil minero. En Diputados, el panorama es más frágil. La Libertad Avanza cuenta con 95 bancas propias y busca sumar apoyos del PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales.
Pero no todos acompañan: en el Senado, dos de los tres legisladores del PRO votaron en contra, y también hubo rechazos desde fuerzas provinciales. El peronismo, por su parte, exhibe divisiones internas entre legisladores de provincias mineras y sectores más cercanos al ambientalismo. Las tensiones ya se visibilizaron durante la Asamblea Legislativa, cuando diputados de Unión por la Patria mostraron carteles con consignas como "sin agua no hay mate" y "sin agua no hay vermut".
Con el número fino al límite de los 129 votos necesarios para aprobar la ley, el oficialismo se vio obligado a aceptar una audiencia pública no vinculante antes de la firma del dictamen. El pedido fue impulsado por la Coalición Cívica y Provincias Unidas, que invocaron el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que garantizan participación pública en decisiones con impacto ambiental significativo.
Maximiliano Ferraro sostuvo que "la modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales -más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua- no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental". El debate reabre una tensión estructural entre el artículo 124 de la Constitución -que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales- y el artículo 41, que faculta a la Nación a establecer presupuestos mínimos de protección ambiental. La reforma aprobada en el Senado prioriza el rol provincial. Para especialistas y organizaciones socioambientales, ese giro podría implicar una regresión normativa y derivar en planteos judiciales por inconstitucionalidad y violación de derechos humanos vinculados al acceso al agua.