La defensa que Federico Sturzenegger realizó de la reforma laboral enviada por Javier Milei al Congreso revela con claridad la arquitectura de una transformación estructural que, pese a ser presentada como "modernización", avanza sobre pilares centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. El ministro se esmera en negar que el proyecto implique una pérdida de derechos, pero los detalles que él mismo expone dibujan otro panorama: vacaciones "flexibilizadas", indemnizaciones acotadas, un nuevo sistema para las horas extra y reubicaciones post enfermedad que abren la puerta a degradaciones salariales.
La CGT ya anunció una marcha para el 18 de diciembre. El Gobierno responde con un relato que, entre tecnicismos y pronósticos optimistas, intenta presentar como consenso lo que es, en esencia, un avance sin precedentes sobre garantías históricas. "La ley actual te pide que te tomes las vacaciones en un período particular de tiempo... Lo deciden de mutuo acuerdo", sostuvo Sturzenegger en radio Mitre. Pero omite un detalle clave: en un mercado laboral con la mitad de los trabajadores en la informalidad -dato que el propio ministro subraya- el "acuerdo" entre partes es, casi siempre, una ficción.
Cuando quien define la estabilidad del empleo es el empleador, la negociación no es simétrica. La flexibilización del período de descanso apunta directamente a desarmar una de las pocas protecciones efectivas que quedaban en pie. El ministro se esfuerza por aclarar que la reforma "mantiene un mes de sueldo por cada año trabajado", pero el recorte aparece en la letra chica. La base de cálculo excluye ítems como el aguinaldo, las vacaciones proporcionales o premios no mensuales. Además, se establece un tope rígido: la base no podrá superar el triple del promedio del convenio correspondiente.
Se trata de un recorte directo del monto indemnizatorio real. Pero el Gobierno lo presenta como un avance contra "la incertidumbre judicial". Sturzenegger insiste en que un juez, hoy, "puede decir que son 20 sueldos", como si la Justicia laboral fuera un espacio caprichoso y no un resorte previsto para proteger al eslabón débil de la relación laboral. Uno de los puntos más controvertidos es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Sturzenegger admite sin rodeos: "Es plata que está poniendo el Estado". Las empresas aportarán un 3% de las remuneraciones, pero el Estado se los devolverá descontándolo de las contribuciones patronales.
¿El Resultado? El empleador no paga y el financiamiento sale del Tesoro, en nombre de la "motosierra". El mecanismo replica el esquema de la UOCRA, pero aplicado a todo el mercado laboral, abaratando aún más el costo del despido. Ante las críticas por una eventual eliminación de las horas extra, el ministro relativiza: "No se terminan, se quedan exactamente igual. Lo que ahora se introduce es el banco de horas".
Explica que un empleador puede pedir quedarse dos horas más y compensar con dos horas libres el viernes. El problema es el mismo que en vacaciones: la supuesta "flexibilidad" depende del poder real de cada parte. En un mercado precarizado, el banco de horas se convierte en una herramienta de aprovechamiento patronal, no en un beneficio para el trabajador.
Otro punto crítico surge cuando Sturzenegger admite que, tras una enfermedad prolongada, la empresa "puede dar al trabajador un puesto distinto al de antes". Lo presenta como una solución para la reorganización empresarial, pero implica la pérdida del derecho a conservar el puesto anterior. De hecho, habilita reducciones de categoría, de salario o de jornada, tal como contempla el controvertido artículo 212 de la LCT.
Sturzenegger confirmó que todos los cambios alcanzarán también a relaciones laborales ya existentes: "Es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral". La aplicación retroactiva tensiona principios constitucionales y, sobre todo, convalida un cambio abrupto en contratos que fueron firmados con otras reglas del juego. El ministro insiste en que "la gente pide flexibilización en beneficio del trabajador". Pero no presenta ningún dato concreto que respalde su afirmación. En cambio, se apoya en generalizaciones que buscan instalar la idea de que las nuevas generaciones ya no valoran los derechos laborales tradicionales.
Mientras tanto, la informalidad llega al 50% y el empleo formal lleva más de una década sin crecer. La reforma también pretende "corregir el centralismo porteño" en las negociaciones colectivas. Sturzenegger afirma: "El costo de vida es mucho más bajo en algunas provincias, y el salario obligatorio es el mismo que en Zárate o Campana". Esa frase sintetiza el verdadero objetivo: habilitar convenios a la baja, legalizando salarios más bajos en regiones donde la informalidad y el desempleo ya condicionan a los trabajadores. La reforma laboral de Milei -defendida con entusiasmo técnico por Sturzenegger- se presenta como una modernización. Pero los hechos y sus propios textuales muestran otra cosa: un rediseño profundo del sistema laboral que achica derechos, reduce indemnizaciones, flexibiliza jornadas y facilita despidos.