El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y el sistema universitario volvió a escalar. Este lunes comenzó un paro nacional docente universitario que afectará el dictado de clases en la mayoría de las universidades públicas del país, en medio de fuertes reclamos por la caída del poder adquisitivo de los salarios y el financiamiento del sistema educativo superior. La medida fue impulsada por las federaciones docentes CONADU Histórica y CONADU, que convocaron a un cese de actividades dividido en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30 de marzo. En paralelo, docentes de la UBA resolvieron endurecer la protesta y votar un paro "por tiempo indeterminado".
El reclamo central es la recomposición salarial y la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La huelga tiene alcance nacional y alcanza a la mayoría de las casas de estudio públicas. Entre las universidades que confirmaron su adhesión se encuentran la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional de José C. Paz.
En el caso de la Universidad Tecnológica Nacional, informaron que se sumarán sus 30 facultades regionales junto con el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. En otras instituciones, como la Universidad Nacional del Chaco Austral, el paro será por 24 horas. El eje del conflicto es la pérdida salarial acumulada frente a la inflación. Según los gremios, el deterioro se agravó desde fines de 2023 y continúa profundizándose. Docentes de la UBA difundieron un informe en el que sostienen que el sueldo real "se encuentra en su mínimo histórico": está 35,6% por debajo de noviembre de 2023 y 2,7% por debajo de los peores niveles registrados en 2004.
Además, exigen que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, sancionada por el Congreso el año pasado y que contempla una recomposición salarial y mayor presupuesto para el funcionamiento de las universidades. La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, Laura Carboni, fue contundente al describir la situación salarial. "Perdieron el equivalente a 11,5 salarios", afirmó sobre la pérdida acumulada desde noviembre de 2023. Y explicó con crudeza el deterioro del ingreso docente: "De cada tres meses trabajados, solo pagaron dos".
Carboni también cuestionó los aumentos otorgados por el Gobierno, que -según el gremio- quedaron muy por detrás de la inflación. "En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así".
La dirigente justificó así la decisión de avanzar con una medida de fuerza más dura: "Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados; necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades". El paro de esta semana es apenas el inicio de un plan de lucha más amplio definido por los gremios universitarios.
El congreso de CONADU resolvió avanzar con nuevas semanas completas de paro a partir del 30 de marzo y del 27 de abril, además de una marcha federal universitaria prevista para el 23 de abril, que buscará replicar la masividad de las protestas que ya protagonizó la comunidad educativa en los primeros años del gobierno libertario. En paralelo, los sindicatos planean instalar una "carpa por la universidad y la soberanía" en distintas ciudades del país para visibilizar el conflicto.
Desde las federaciones docentes advirtieron que el conflicto podría profundizarse si el Gobierno no reabre la negociación salarial. "El Gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente", señalaron desde CONADU. El reclamo también es compartido por otros sectores del sistema universitario. La federación nodocente FATUN declaró el estado de alerta y movilización permanente y anunció un cronograma de nuevos paros durante marzo y abril.
Las organizaciones gremiales coinciden en que la crisis universitaria no se limita a los salarios: también afecta el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Con presupuestos congelados, salarios en caída y paritarias cerradas, docentes, nodocentes y estudiantes comenzaron a organizar un plan de lucha que se extenderá al menos durante el primer semestre. El conflicto, que ya paraliza clases en todo el país, vuelve a colocar a las universidades públicas en el centro del debate político. Y amenaza con convertirse en uno de los frentes sociales más sensibles para el Gobierno en los próximos meses.