La cuenta regresiva ya empezó. Mientras Cristina Fernández de Kirchner prepara su presentación ante los tribunales de Comodoro Py este miércoles, en cumplimiento del plazo que le otorgó el Tribunal Oral Federal 2 tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron a ocupar el centro de la escena. Este martes, en un dictamen tajante, rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de la ex presidenta. "La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández", escribieron los fiscales.
De esta manera, desestimaron el planteo de la defensa, que había invocado razones de seguridad, su edad (72 años) y el antecedente del intento de magnicidio de 2022 para solicitar que se le permitiera cumplir la pena en su departamento de Constitución. Para Luciani y Mola, nada de eso alcanza. En su dictamen -no vinculante pero decisivo en términos de presión política y mediática- afirmaron que no se cumplen los requisitos excepcionales que la ley exige para acceder al arresto domiciliario y remarcaron que Cristina "se encuentra en buen estado de salud", según un informe técnico. Así, insisten con lo que ya plantearon antes: la ex vicepresidenta debe ir presa y cuanto antes.
La decisión final la tendrá el juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, quien podría resolver este mismo martes o aguardar hasta mañana, cuando Cristina Kirchner se presente en persona. Mientras tanto, la tensión se multiplica. El Servicio Penitenciario ya fue notificado para estar preparado y el Ministerio de Seguridad reservó bajo confidencialidad los lugares posibles de detención. Como si se tratara de una operación secreta, los datos fueron guardados en una caja fuerte del tribunal.
La defensa de Cristina, encabezada por Carlos Beraldi, pidió que la medida se adopte sin pulsera electrónica, con custodia fija y sin exposición pública. El pedido no es menor: el domicilio en cuestión está embargado y forma parte de la causa Hotesur-Los Sauces, donde también se investiga lavado de dinero. Esa propiedad fue adquirida con CEDINES por la empresa familiar Los Sauces SA y está bajo la lupa judicial desde hace años. La tasación del inmueble fue recientemente solicitada como parte del decomiso ordenado por el tribunal por un valor total de 85.000 millones de pesos.
A la complejidad judicial se suma el clima político. La Cámpora, junto a sindicatos y sectores del peronismo, convocó a una movilización desde la casa de Cristina hasta los tribunales. La consigna: "No a la proscripción". Desde el Gobierno nacional buscan evitar un estallido. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que la ex presidenta debería ser notificada por Zoom para evitar "tensión y cortes". Sin embargo, todo indica que la escena del miércoles será inevitable: Cristina caminando nuevamente por los pasillos de Comodoro Py, mientras afuera su militancia intenta frenar lo que considera una detención injusta.
No se trata solo del futuro judicial de la ex presidenta. Lo que está en juego es la legitimidad de todo el proceso. La rapidez con la que se habilitó la detención, el rechazo automático al arresto domiciliario y la falta de consideración sobre su rol institucional y la conmoción social que genera su figura, alimentan las sospechas de una justicia politizada, dispuesta a cumplir un rol funcional al gobierno de turno. En medio de un país atravesado por el ajuste, el desempleo y el autoritarismo creciente, la cárcel para Cristina Kirchner podría ser el último golpe de un lawfare que nunca se disimuló.