La trama judicial alrededor de la familia de Manuel Adorni sumó un nuevo y delicado capítulo. Mientras el funcionario nacional continúa bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, ahora la Justicia federal avanzó sobre su hermano, Francisco Adorni, a quien el fiscal Guillermo Marijuan imputó por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, quien hizo lugar a una veintena de medidas de prueba solicitadas por la fiscalía y ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del actual legislador bonaerense.
La decisión judicial abre una etapa de máxima sensibilidad para el oficialismo. El expediente apunta a determinar si Francisco Adorni registró un crecimiento patrimonial incompatible con los ingresos declarados desde su desembarco en la administración libertaria. Según sostuvo Marijuan al impulsar la investigación, "la investigación en autos tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional".
El fiscal puso especialmente la lupa sobre el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni asumió como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, cargo al que llegó de la mano de su hermano y desde el cual comenzó una rápida escalada dentro del aparato estatal. Posteriormente, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF), consolidando un crecimiento político y administrativo que ahora también quedó bajo sospecha judicial.
Entre los puntos más sensibles de la causa aparece un crédito hipotecario por aproximadamente 60 millones de pesos que habría sido cancelado en apenas doce meses, una operación que llamó la atención de la fiscalía por la velocidad del pago. También se investiga la adquisición del 50% de un vehículo y un incremento patrimonial estimado en un 84% en apenas un año. Para reconstruir el flujo de fondos y el patrimonio completo del funcionario, Marijuan pidió más de veinte medidas de prueba y requirió información a más de treinta organismos y entidades financieras.
La Justicia ordenó acceder a toda la documentación tributaria de ARCA, ex AFIP, incluyendo declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA, además de perfiles de actividad económica, antecedentes previsionales y regímenes de facturación electrónica. La fiscalía también busca determinar si Francisco Adorni ingresó a algún régimen de blanqueo de capitales o declaración voluntaria de tenencia de moneda. En paralelo, el Banco Central deberá circularizar pedidos a todas las entidades financieras para que informen movimientos de cuentas corrientes, cajas de ahorro en pesos y dólares, transferencias, extractos bancarios y CBUs de origen y destino.
El expediente avanza incluso sobre inversiones y activos financieros. La Justicia solicitó información sobre plazos fijos, fondos comunes de inversión, compra de moneda extranjera y oro, además del historial completo de créditos hipotecarios y prendarios. Otro de los puntos que revela la magnitud de la investigación es el interés sobre eventuales cajas de seguridad. El fiscal pidió conocer registros de visitas, apoderados y documentación presentada ante bancos para justificar el origen de fondos bajo normativa antilavado.
Además, se ordenó un rastreo exhaustivo de propiedades e inmuebles registrados desde 2020, incluyendo porcentajes de titularidad, formas de adquisición e hipotecas constituidas o canceladas. La misma reconstrucción patrimonial alcanza a vehículos y operaciones automotrices, con pedidos sobre compras, ventas, montos involucrados y autorizaciones de manejo otorgadas a terceros. La ofensiva judicial también busca contrastar el patrimonio del funcionario con sus ingresos reales.
Por ese motivo, el Ministerio de Defensa deberá entregar el legajo completo de Francisco Adorni, las resoluciones de designación y el detalle de todos los haberes percibidos desde su ingreso al Estado. A su vez, la Oficina Anticorrupción tendrá que remitir las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el funcionario, incluyendo anexos reservados.
La causa avanza además sobre movimientos migratorios, giros de dinero y posibles vínculos financieros no declarados. La Dirección Nacional de Migraciones deberá informar entradas y salidas del país, mientras que la UIF elaborará un informe especial sobre antecedentes financieros, societarios y eventuales investigaciones administrativas o penales.
Incluso empresas de envío de dinero como Western Union y Correo Argentino fueron alcanzadas por los pedidos de información para detectar giros realizados o recibidos. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicado en el Juzgado Federal N°6, originalmente a cargo de Daniel Rafecas, aunque actualmente subrogado por Casanello. La situación judicial de Francisco Adorni agrava todavía más el escenario para el Gobierno libertario, que ya enfrenta el desgaste generado por la investigación contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.