El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, en lo que el oficialismo pretende convertir en su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias, a horas del discurso que el presidente Javier Milei brindará ante la Asamblea Legislativa. Según el orden previsto, primero se tratará la reforma laboral y luego el nuevo Régimen Penal Juvenil, dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo que, aunque abordan materias distintas, comparten una lógica común: ampliar márgenes de acción estatal y empresarial en detrimento de derechos previamente consolidados.
Reforma laboral: menos costo empresario, más límites al derecho de huelga
La iniciativa tendrá un fuerte impacto en las relaciones de trabajo. Introduce cambios profundos en despidos, vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales. Entre los puntos más sensibles:
- Vacaciones: podrán no otorgarse durante el verano; solo una vez cada tres años corresponderán en temporada estival y podrán fraccionarse en períodos no menores a 7 días.
- Horas extras: se elimina la obligación de pagarlas como tales y se establece un sistema de compensación. Si un trabajador cumple 12 horas en lugar de 8, podrá recibir 4 horas para compensar en otra fecha.
- Jornada: se habilita una jornada máxima de 12 horas con 12 horas obligatorias de descanso, compensables en otro momento del calendario.
- Despidos: las indemnizaciones serán más económicas para las empresas, ya que no se computarán aguinaldo, vacaciones ni premios, sino solo el salario básico promedio de la actividad. Además, podrán pagarse en 12 cuotas en grandes empresas y 18 en pymes.
En materia sindical, se mantendrá el aporte compulsivo con un tope del 2%, con el empleador como agente de retención. Pero se restringe el derecho a huelga al declarar determinadas actividades como "servicios esenciales", con obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y "servicios trascendentales", con cobertura del 50%. Se considerarán "infracciones muy graves" acciones que "afecten la libertad de trabajo" mediante intimidaciones.
El oficialismo debió realizar un trámite exprés entre la sanción en Diputados y el dictamen en el Senado, lo que generó airadas quejas opositoras. Solo concedió la eliminación del artículo 44, que reducía las licencias pagas por enfermedades o accidentes no laborales, un punto que había generado fuerte rechazo social. La CGT ya anunció que marchará el lunes para acompañar una presentación judicial contra la reforma.
Régimen Penal Juvenil: baja de imputabilidad y penas de hasta 15 años
La reforma aprobada en Diputados reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos o abusos sexuales. Para delitos menores, prevé sanciones alternativas como amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño o prohibición de acercamiento a la víctima. También se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil.
Durante el debate exprés, el titular de la comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita, sostuvo que el régimen vigente data de 1980 y que hubo "diversos intentos legislativos" para conseguir "una ley que respete estándares constitucionales". El proyecto enfatiza la creación de institutos especiales para menores, con personal especializado y prohibición de convivencia con adultos. También incorpora el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil.
Sin embargo, organismos de derechos humanos y sectores opositores advierten que la baja de imputabilidad implica una respuesta punitivista frente a problemáticas sociales no resueltas.
Glaciares: "armonizar" o flexibilizar
En paralelo, el oficialismo logró media sanción para reformar la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, con 40 votos afirmativos y 31 rechazos. La iniciativa redefine el alcance de las zonas protegidas para permitir explotación económica en determinadas áreas periglaciares. El senador oficialista Agustín Coto afirmó que la reforma "responde a la necesidad de armonizar la normativa" y que "se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar".
Pero desde la oposición las críticas fueron demoledoras. El justicialista Daniel Pablo Bensusán advirtió: "Estamos discutiendo si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua". Martín Soria fue más allá y denunció que se trata de "una reforma ideológica, totalmente servil". Según el rionegrino, el oficialismo busca "una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto".
También alertó que las zonas periglaciares representan "entre el 25 y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo". Anabel Fernández Sagasti sostuvo que la ley "flexibiliza estándares ambientales, es un retroceso y un cambio de paradigma" y que "la necesidad de dólares urgentes no nos puede llevar a rifar riquezas naturales". Desde el oficialismo, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió terminar con la "falsa dicotomía" entre protección ambiental y trabajo: "No es agua o trabajo", afirmó. En ese sentido, aseguró que "no se toca la columna vertebral de la ley". En la previa del debate, una docena de activistas de Greenpeace fueron detenidos tras intentar irrumpir en el Congreso, y un camarógrafo de A24 fue reprimido mientras registraba los ataques con gas pimienta de la policía.
Con el respaldo de gobernadores aliados y tras negociaciones encabezadas por Karina Milei, el oficialismo llega al final de las sesiones extraordinarias con una agenda ambiciosa: flexibilización laboral, endurecimiento penal juvenil y apertura a inversiones extractivas en zonas sensibles.