La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos capítulos y elevó la presión judicial sobre su entorno. De acuerdo a la información brindada por Infobae, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar al contratista que realizó refacciones en la casa del exclusivo barrio Indio Cuá Golf Club, una propiedad adquirida en noviembre de 2024 por su esposa, Bettina Angeletti.
La citación apunta a reconstruir con precisión quirúrgica el circuito completo de contratación, ejecución y financiamiento de las obras realizadas en el lote 380. El convocado, Matías Tabar, deberá presentarse el próximo 24 de abril en Comodoro Py con un nivel de documentación pocas veces requerido en este tipo de causas: presupuestos, contratos, órdenes de trabajo, facturas, recibos, certificados de avance y, sobre todo, cada comprobante que permita rastrear el origen y destino del dinero.
El requerimiento no deja margen para zonas grises. La fiscalía exigió "toda constancia respaldatoria de pagos, sean éstos en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta o cualquier otra modalidad", junto con el detalle de cuentas bancarias, billeteras virtuales, fechas, montos y pagadores. Incluso deberá aportar "la totalidad de las comunicaciones mantenidas con Bettina Julieta Angeletti, Manuel Adorni o con cualquier persona que hubiera intervenido por ellos", incluyendo mensajes, audios y correos electrónicos.
El nivel de profundidad del pedido refleja un giro en la investigación: ya no se trata solo de revisar declaraciones juradas, sino de reconstruir cada movimiento económico con evidencia documental y digital. La causa, que tramita en los tribunales federales bajo la órbita del juez Ariel Lijo, tiene como punto de partida la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares, una operación que encendió las alarmas por su estructura financiera.
De ese total, 200 mil dólares fueron financiados mediante una hipoteca privada sin interés, un esquema que, aunque legal en términos formales, resulta atípico en el mercado inmobiliario. La escribana interviniente, Adriana Nechevenko, defendió la operatoria al sostener que "no hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo" y que se trató de "una operación normal". Sin embargo, la fiscalía mantiene bajo análisis la lógica económica del acuerdo.
Sobre todo y especialmente la ausencia de intereses en un contexto inflacionario. En paralelo, el juez dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, habilitando el acceso a cuentas, depósitos, consumos y movimientos financieros. La medida también alcanza a personas del entorno que habrían participado como prestamistas o intermediarios. La investigación sobre la propiedad en el country Indio Cuá introduce un nuevo eje: el flujo de dinero vinculado a mejoras edilicias.
En este punto, la fiscalía no solo busca saber cuánto se gastó, sino cómo se pagó y con qué fondos. A esto se suma un dato no menor: la administración del barrio aún no respondió a los requerimientos judiciales sobre el pago de expensas y la tasa de ingreso de 5.000 dólares. Ante ese silencio, Pollicita reiteró el pedido exigiendo detalles sobre modalidades de pago, cuentas de origen y documentación respaldatoria.
El objetivo es determinar si existe coherencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos detectados. Las medidas ordenadas configuran un patrón investigativo consistente: cruzar operaciones inmobiliarias, financiamiento atípico y movimientos financieros para detectar posibles inconsistencias patrimoniales. En ese marco, los testigos convocados deberán presentarse "con toda la documentación relativa al origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias", además de permitir el acceso al contenido de sus teléfonos celulares, incluyendo chats, audios y registros digitales.
La exigencia de entregar dispositivos y comunicaciones marca un endurecimiento en la recolección de pruebas y evidencia que una de las principales hipótesis es que las operaciones podrían haber involucrado acuerdos informales o circuitos no transparentes. Aunque hasta el momento no hay imputaciones directas contra Adorni, el avance de la causa muestra una tensión creciente entre la legalidad formal de ciertas operaciones y su razonabilidad económica.