El caso del ex senador entrerriano Edgardo Kueider y su ex secretaria, Iara Guinsel Costa, sumó un nuevo capítulo. Esta vez es la Justicia de Paraguay la que solicitó una condena de dos años y dos meses de prisión para el político argentino, acusado de intentar ingresar 211.102 dólares sin declarar al país vecino.
Mientras en Argentina se investiga un patrimonio que no cierra por ningún lado, en Asunción la pena se desinfló por un tecnicismo, aunque el embargo de sus bienes revela una fortuna difícil de explicar para un servidor público.
El fiscal Ysrael Villalba, ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, pidió una pena que para muchos es un "regalo"; es que aunque el delito de contrabando prevé hasta cinco años de cárcel, el Ministerio Público paraguayo decidió bajarle el precio a la condena de Kueider y Guinsel Costa.
El argumento principal es que se trató de una "tentativa de contrabando" y,según la interpretación de la fiscalía, como el hecho no llegó a consumarse en su totalidad —es decir, los atraparon antes de que terminaran de concretar la maniobra—, el castigo debe ser menor.
Pero si la pena por el dinero parece leve, el verdadero escándalo reside en el patrimonio que Kueider logró construir en tierra paraguaya: la Justicia ya dictó el embargo preventivo de seis departamentos y seis cocheras de lujo en Asunción, adquiridos bajo condiciones sospechosas que no coinciden con los ingresos declarados del exlegislador.
Para los investigadores, estos inmuebles son la prueba física de un presunto esquema de lavado de dinero que Kueider habría intentado alimentar con los fajos de dólares que llevaba en su auto aquel día de la detención.
Otro capítulo: cómo actúa la justicia argentina
Mientras en Paraguay se define su libertad, en Argentina el cerco judicial empieza a cerrarse, aunque a paso lento por las trabas burocráticas. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, lidera la instrucción por enriquecimiento ilícito y ya ordenó allanamientos y peritajes para descular el origen de los fondos de Kueider.
Sin embargo, la causa entró en una "zona de guerra" jurisdiccional ya que el juez de Concordia, Ives Bastián, reclama la competencia del caso, generando un conflicto que ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previo dictamen del procurador Eduardo Casal.
Arroyo Salgado ya pidió la extradición del exsenador para que rinda cuentas en Argentina, pero la respuesta de Paraguay fue un "portazo" temporal: no lo enviarán hasta que termine el juicio por contrabando en Asunción. Por ahora, Edgardo Kueider se mantiene lejos de los tribunales de San Isidro, refugiado en los vericuetos legales de un proceso paraguayo que parece serle mucho más amigable que la mirada de la jueza argentina.