La confesión arrancó como un papel frío en una oficina: un documento oficial del Ministerio de Capital Humano que, obligadamente, reconoce que el supuesto "informe de auditoría" al que se remitieron el Presidente, la ministra y su entonces jefe de Gabinete no existe. Lo que había servido de justificación para cortar la provisión de alimentos a miles de comedores populares se derrumbó ante la evidencia: no hubo auditoría con los alcances previstos por la ley.
Esa admisión no es un detalle técnico: explica decisiones que afectaron el plato de miles de personas. En 2024, la Casa Rosada sostuvo públicamente que "casi el 50 por ciento de los comedores no existían", versión repetida por el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse en el Congreso; aquella afirmación fue tomada como causa suficiente para detener envíos y retener stocks. Sin embargo, la exposición parlamentaria de Posse -que citaba una auditoría- no tuvo sustento documental: la supuesta pesquisa derivó de un relevamiento parcial y no de un informe de auditoría formal, según reconoce ahora el propio Ministerio.
La dimensión práctica del daño ya había sido denunciada con urgencia: millones de kilos de alimentos permanecieron meses en galpones sin distribuir, en algunos casos llegando a cumplir sus fechas de vencimiento, mientras comedores y merenderos reclamaban insumos básicos. Investigaciones periodísticas y pedidos de acceso a la información habían mostrado que más de cinco mil toneladas de mercadería -alimentos adquiridos por la gestión anterior- quedaron retenidas en depósitos, cuando eran justamente para la asistencia social que decenas de organizaciones llevan adelante.
Desde las organizaciones sociales que fueron blanco de aquella operación, la interpretación siempre fue la misma: no se trató de una detección técnica y objetiva de irregularidades, sino de una excusa para quebrar la ayuda y disciplinar a las redes populares. Eduardo Belliboni, referente del Partido Obrero y referente del Frente de Lucha Piquetero, lo resumió con crudeza: "Hicimos sistemáticas denuncias debido al recorte de los alimentos... No hay un solo comedor, de los 43.000 que existen en todo el país, que haya recibido un sólo kilo de alimento desde que asumió el gobierno de (Javier) Milei", le dijo a Noticias Argentinas.
Belliboni añadió que la Justicia "la obligó a reconocerlo" y denunció además irregularidades por una transferencia millonaria que aún se investiga. "Esa fue una medida absolutamente arbitraria de parte del Ministerio", señaló. Ese otro hilo -la porción del entramado que va de las decisiones administrativas a lo penales- también está ahora bajo lupa. En abril pasado la ministra Pettovello fue imputada en una causa que investiga una transferencia por $14.000 millones destinada a la compra de alimentos que, según la denuncia, nunca se concretó. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi; las preguntas sobre el destino de esos fondos, y sobre por qué no llegaron los recursos a los comedores, son parte del mismo cuadro que dejó expuesta la inexistencia de la auditoría.
La respuesta oficial, cuando llegó —obligada por un pedido de acceso a la información de la diputada Natalia Zaracho que terminó en la Justicia— intentó salvar la forma: el Ministerio sostuvo que lo que hubo fueron "supervisiones y/o verificaciones territoriales", no un "informe de auditoría" con los requisitos de la Ley Nº 24.156. Esa matización gramatical no calma la tensión política ni devuelve los alimentos retenidos; por el contrario, alimenta la sensación de que el discurso libertario fue construido para justificar un ajuste administrativo que pagaron los sectores más vulnerables.
En la práctica política, la confesión oficial actúa como un volantazo: desarma el argumento central con el que se criminalizó y se recortó la asistencia. Las organizaciones sociales del Frente de Lucha Piquetero ya habían anunciado una movilización para exigir la restitución de los alimentos y la reactivación de programas sociales; la documentación que ahora surge abre una vía para sostener esas demandas en sede judicial y en la opinión pública. Que la Justicia haya forzado la confesión oficial es apenas el inicio de una cuenta que, para muchas comunidades, exige respuestas inmediatas en la práctica (entrega de alimentos, reinicio de transferencias, garantías de acceso) y responsabilidades jurídicas para quienes actuaron al amparo de una supuesta investigación que nunca existió.
El cierre del expediente político no existe todavía. Lo que sí quedó claro, y lo dice la propia documentación del Estado, es que la excusa que dejó sin comida a miles de familias era, en términos formales, una auditoría fantasma. Que la Justicia haya obligado a admitirlo no devuelve los kilos que se desperdiciaron ni la confianza de las organizaciones; pero sí transforma una narrativa de culpa en una línea de investigación y una exigencia: que lo admitido en papel se traduzca en medidas concretas y en explicaciones públicas y judiciales que respondan, por fin, a la pregunta más elemental: quién se quedó sin dar lo que debía.