La preocupación por la protección de los glaciares argentinos no cesa y es en este contexto que un grupo de diputadas y diputados de distintos bloques opositores presentaron un pedido formal de impugnación contra la vergonzosa y poco democrática audiencia pública convocada por el oficialismo para tratar la Ley de Glaciares. La denuncia apunta a graves irregularidades en la metodología de selección de expositores y a la falta de garantías para un debate democrático y transparente.
Según el documento presentado, la audiencia, prevista para hoy y mañana, "no garantiza la participación, la manipula. No va camino a cumplir con la audiencia pública, va camino a simularla".
Es que de los más de 85 mil ciudadanos inscriptos para participar, solo 360 fueron seleccionados, es decir, menos del 1%, sin que se haya transparentado el mecanismo de elección. Además, las exposiciones están limitadas a apenas cinco minutos por videollamada, lo que reduce al mínimo la posibilidad de un intercambio significativo.
El pedido de impugnación, firmado por legisladores de diversos espacios políticos como Sabrina Selva, Gabriela Estévez, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano, entre otros, denuncia que el procedimiento adoptado es "manifiestamente incompatible" con la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara y la Ley General del Ambiente. Asimismo, subraya que esta metodología "restringe ilegítimamente el derecho a la participación ciudadana efectiva" y contradice normativas ambientales fundamentales como el Acuerdo de Escazú.
85 mil personas son las que quisieron exponer y que marcó un récord, lo que demuestra el interés que despierta el tema que cuestiona o se expresa en contra del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la selección sesgada y las restricciones temporales generaron indignación entre los sectores interesados en defender los glaciares, que son ni más ni menos que reservas estratégicas de agua dulce y esenciales para combatir el cambio climático.
El planteo también destaca que el formato adoptado viola el "debido proceso" al limitar la participación ciudadana en decisiones ambientales cruciales. Esto no solo contraviene principios democráticos básicos, sino que también incumple con normativas internacionales y nacionales que exigen una participación amplia y real en este tipo de debates. "Solicitamos la inmediata revisión, adecuación y/o nulidad de la metodología adoptada, por encontrarse viciada en sus elementos esenciales", concluye el documento presentado por los legisladores.
La defensa de los glaciares es una lucha por garantizar procesos democráticos genuinos en temas que afectan a toda la sociedad. La exclusión arbitraria de voces y la simulación de participación ciudadana son un retroceso en la protección del patrimonio natural contra la Ley de Glaciares que hasta ahora los protegía y que bajo el gobierno de Javier Milei, están en peligro.