El Gobierno nacional formalizó la entrada en vigencia del Presupuesto para la Administración Pública Nacional 2026 con la publicación de la Ley 27.798 en el Boletín Oficial. La norma, sancionada por el Congreso durante las sesiones extraordinarias de diciembre, fija los lineamientos centrales del programa económico de Javier Milei: superávit fiscal como dogma, ajuste automático del gasto si los números no cierran y una eventual baja de impuestos solo si el excedente resulta mayor al previsto. El texto aprobado proyecta para el Sector Público Nacional un excedente financiero de $2.734.029.655.055. Para alcanzar esa meta, el cálculo de recursos totales se fijó en $148,29 billones, mientras que los gastos corrientes y de capital autorizados ascienden a $148,06 billones. De esta manera, el equilibrio de las cuentas públicas se impone como prioridad absoluta, incluso por encima de la expansión del gasto o la recomposición de áreas sensibles golpeadas por el ajuste de 2024 y 2025.
La ley fue promulgada tras una sesión especial del Senado el 26 de diciembre, con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. La iniciativa contó con el respaldo del PRO y bloques aliados al oficialismo, mientras que el kirchnerismo rechazó el proyecto por considerar que consolida un modelo de recorte social y transferencia de recursos. El resultado financiero positivo previsto en el artículo 4°, de $226.469 millones, fue presentado por el Gobierno como una ruptura con años de déficit, aunque las críticas apuntan a los costos sociales de esa "virtud fiscal".
En la distribución del gasto, los Servicios Sociales concentran la mayor partida, con $106,52 billones. Sin embargo, detrás de ese número agregado se esconden tensiones y condicionamientos. El pago de la deuda pública ocupa el segundo lugar, con $14,11 billones, seguido por los Servicios Económicos ($11,45 billones), la Administración Gubernamental ($8,85 billones) y los Servicios de Defensa y Seguridad ($7,11 billones). La centralidad del compromiso con los acreedores vuelve a marcar la orientación del presupuesto, en línea con el discurso de "credibilidad" y "orden" que impulsa la Casa Rosada.
Uno de los focos de conflicto es el financiamiento universitario. La ley asigna $4,78 billones para el funcionamiento, la inversión y los programas de las universidades nacionales, pero introduce una advertencia explícita: las instituciones deberán presentar información sobre el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación, bajo riesgo de que se interrumpan las transferencias en caso de incumplimiento. En el sistema universitario, esta cláusula es leída como una herramienta de presión política en un contexto de fuerte deterioro salarial y presupuestario.
En materia previsional, se destinan $212.288 millones para el pago de deudas judiciales y administrativas de la ANSES, y otros $122.762 millones para asistir a las cajas previsionales de las provincias que no transfirieron sus sistemas al Estado nacional. Si bien las partidas reconocen obligaciones pendientes, no implican una mejora estructural para jubilaciones y pensiones, que continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.
El Presupuesto 2026 también refuerza el ajuste en el empleo público. La cobertura de vacantes queda sujeta a la autorización previa de la Jefatura de Gabinete, con excepciones acotadas para áreas críticas como Salud, Seguridad y Defensa. En paralelo, el Ejecutivo quedó habilitado a emitir Letras del Tesoro por hasta $70 billones y a utilizar crédito de corto plazo con topes de $4 billones para la Tesorería General y $2,5 billones adicionales, una señal de que el superávit proyectado convive con un esquema de financiamiento flexible.
En el mismo Boletín Oficial, el Gobierno promulgó además la llamada Ley de Inocencia Fiscal, una reforma al Régimen Penal Tributario que despertó fuertes cuestionamientos. La norma eleva de manera drástica los montos a partir de los cuales se considera delito la evasión: la evasión simple pasa de $1,5 a $100 millones y la agravada de $15 a $1.000 millones. También se suben a $100 millones los valores por los cuales se penaliza la falsificación de facturas y a $200 millones las deudas de quienes adhieran a beneficios fiscales.
El texto introduce, además, un mecanismo de "perdón": el organismo recaudador ARCA no realizará denuncia penal si el contribuyente cancela la deuda y los intereses. Incluso si la denuncia ya fue presentada, la acción penal se extinguirá con el pago de la deuda, los intereses y un 50% adicional. A eso se suma la reducción del plazo de prescripción de deudas impositivas de cinco a tres años y la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias para personas con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Para el Gobierno, se trata de "actualizar" umbrales desfasados y dar previsibilidad al sistema.
Para sus críticos, en cambio, la ley envía una señal preocupante: mientras se ajustan tarifas, salarios y presupuestos sociales, se flexibilizan las consecuencias penales para grandes evasores y se amplían beneficios para sectores de alta capacidad contributiva.