En medio de un clima social cada vez más tenso, con miles de familias que aseguran no llegar a fin de mes y un Congreso atravesado por el debate de una reforma laboral que genera fuerte rechazo en amplios sectores sindicales y sociales, una nueva polémica sacudió a la provincia de Misiones y volvió a poner en discusión el rol y la sensibilidad de los funcionarios públicos.
En las últimas horas se viralizó un video protagonizado por Karina Mabel Acosta, quien se desempeñaba como directora de Turismo Social de Misiones. Las imágenes fueron grabadas durante sus vacaciones en Cancún, uno de los destinos más exclusivos del Caribe. En el registro, la entonces funcionaria pronuncia frases como "para todos los pobres" y "fuera pobres", expresiones que rápidamente generaron indignación y una ola de cuestionamientos en redes sociales.
El repudio fue inmediato. A pocas horas de la difusión del material, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el Decreto N.º 252 mediante el cual dejó sin efecto su designación dentro del Ministerio de Turismo. El documento oficial establece su desafectación de manera inmediata y ordena comunicar la medida a las áreas administrativas correspondientes, marcando así un rápido intento de contener el impacto institucional.
La controversia adquiere un tinte aún más sensible si se considera el área que Acosta tenía a su cargo. El turismo social es una política pública orientada a garantizar el acceso al descanso, la recreación y los viajes a sectores de menores recursos, una iniciativa con larga tradición en Argentina y con fuerte impronta federal e inclusiva. En ese contexto, las expresiones difundidas resultaron especialmente contradictorias con la función que desempeñaba.
En Misiones, donde el turismo constituye uno de los principales motores económicos y donde conviven destinos de proyección internacional con realidades sociales muy diversas, el episodio no solo tiene consecuencias políticas sino también simbólicas.
El caso también reabre el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios en el uso de redes sociales y en su exposición pública. En una era donde un video puede viralizarse en cuestión de minutos y alcanzar repercusión nacional, los costos políticos suelen ser inmediatos y obligan a respuestas rápidas por parte de los gobiernos.