Indignación, preocupación y vulnerabilidad social: el cierre de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU), el único organismo nacional destinado exclusivamente a mejorar las condiciones de vida en los barrios populares, enfrenta un desmantelamiento alarmante.
Más de 300 trabajadores y trabajadoras fueron notificados de que sus contratos no serán renovados más allá del 28 de febrero de 2026, marcando un punto crítico en el retroceso de una política pública esencial para 5 millones de personas que residen en los 6.467 barrios populares registrados en el país.
Esta decisión, amparada en un supuesto proceso de "reestructuración" bajo la gestión del subsecretario Sebastián Pareja y el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, no es más que una sentencia de muerte para una política de derechos que había logrado avances significativos en la integración socio urbana. La degradación institucional de la SSISU a una simple Dirección Nacional implica por un lado, una reducción presupuestaria y operativa y por otro, un mensaje inequívoco: las necesidades de los sectores históricamente vulnerados no son prioridad para el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei.
La SSISU fue creada en 2018 con el objetivo de implementar la Ley 27.453, que reconoce formalmente a los barrios populares y establece herramientas para su urbanización e integración. En estos años, el organismo se convirtió en un pilar fundamental para llevar adelante proyectos de urbanización, mejorar viviendas a través del Programa Mi Pieza y garantizar el acceso al Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Sin embargo, lo que se construyó con esfuerzo y compromiso está siendo desmantelado con una frialdad burocrática que no sorprende en la era del anarcocapitalismo de Javier Milei. Así las cosas, la decisión contradice el fallo del juez federal Andrés Heim, que ordenó la continuidad de las obras financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) dejando en una situación angustiante a miles de familias que dependen directamente de estas iniciativas.
La parálisis de la SSISU tiene consecuencias inmediatas y catastróficas: más de 700 obras en marcha quedarán detenidas, dejando a miles de personas sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y cloacas. Al menos 20.000 lotes con servicios no podrán ser adjudicados, y 50.000 familias verán truncadas sus posibilidades de acceder o regularizar su Certificado de Vivienda Familiar. Además, los procesos de regularización dominial quedarán estancados, exponiendo a cientos de barrios a posibles desalojos.
Esto sin contar la situación actual de los trabajadores y trabajadoras de la SSISU es igualmente alarmante. Desde el cambio de gestión en 2024, el organismo fue objeto de despidos masivos, no renovación de contratos y una creciente precarización laboral. Y, según difundieron los trabajadores del área en un comunicado de prensa, los equipos técnicos, administrativos y territoriales enfrentan contratos temporales, pérdida del poder adquisitivo y una incertidumbre constante sobre su futuro.
La ausencia de estos profesionales deja un vacío insustituible en la ejecución y supervisión de las políticas públicas. Sin ellos, las obras se paralizan, los relevamientos quedan inconclusos y las familias pierden el acompañamiento necesario para acceder a sus derechos.
El desmantelamiento de la SSISU en nombre del "equilibrio fiscal", se está sacrificando una política pública que representa un avance histórico en términos de inclusión social. Pero la integración socio urbana no es un lujo ni una concesión; es una obligación del Estado hacia sus ciudadanos más desprotegidos.