La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo que profundiza las sospechas de la Justicia sobre el origen de su patrimonio y la forma en que habría intentado ocultar gastos millonarios incompatibles con su sueldo como funcionario. La directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, Laura Daniela Schiuma, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y confirmó que Adorni le pidió prestada su tarjeta de crédito para realizar una compra de alto valor.
Según su testimonio, el entonces vocero adquirió un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 por $2.185.000, cuando su salario rondaba los $3,5 millones. La declaración fortaleció una de las principales hipótesis de la fiscalía: que Adorni habría recurrido sistemáticamente a tarjetas de crédito de colaboradores de máxima confianza para realizar consumos que no quería que aparecieran bajo su titularidad y que, además, excedían su capacidad económica declarada.
Schiuma explicó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria Renault vendiendo planes de ahorro. Cuando el dirigente libertario desembarcó en la Casa Rosada, la convocó para integrar su equipo porque buscaba "gente de confianza". En su declaración relató que, durante agosto de 2025, Adorni le solicitó su tarjeta Mastercard sin explicarle qué pensaba comprar. Recién cuando los investigadores le exhibieron la documentación reconoció que había sido utilizada para adquirir el monitor gamer de alta gama.
La funcionaria aseguró que posteriormente Adorni le devolvió "la totalidad del importe en dinero en efectivo", aunque no pudo aportar comprobantes, transferencias, mensajes ni ningún otro elemento que acreditara el origen de esos fondos. Según fuentes judiciales, "no precisó de dónde provenían esos fondos ni aportó comprobantes, transferencias o mensajes vinculados con la devolución".
Pero el monitor no habría sido el único intento de compra. Los investigadores detectaron otros consumos asociados a esa misma tarjeta, entre ellos un Smart TV que Schiuma desconoció completamente y que podría corresponder a operaciones fallidas realizadas por el entonces funcionario. La Justicia sospecha que ese no fue un episodio aislado sino parte de un mecanismo repetido dentro de la estructura de la Vocería presidencial.
Entre junio y agosto de 2025 aparecen otras operaciones similares. Una de ellas involucra a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno, quien habría facilitado dos tarjetas de crédito para adquirir dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV. Cada uno costó $1.831.795, elevando los consumos bajo esa modalidad a más de $4 millones.
Otra operación bajo investigación involucra a Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería. A su nombre figura una compra por $8.183.303 en ropa de cama y blanquería realizada en Rosen The Store. La fiscalía sostiene que el destinatario final de esos productos fue Manuel Adorni y que fueron entregados en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Para el Ministerio Público Fiscal, el patrón comienza a repetirse: consumos registrados a nombre de empleados cercanos, pagos posteriores en efectivo y gastos muy superiores a los ingresos declarados por el funcionario. Uno de los ejes centrales de la investigación surgió tras el análisis de los movimientos de tarjetas de crédito y de la información remitida por Mercado Libre. Allí quedó expuesta la compra del monitor gamer y otras adquisiciones realizadas mediante tarjetas pertenecientes a terceros.
Los investigadores consideran que los egresos detectados "no se condicen con su salario" y remarcan que los gastos seguían ubicándose "muy por encima de sus ingresos" como funcionario público. La hipótesis es que el uso de plásticos ajenos buscaba evitar que esas operaciones quedaran asociadas directamente a Adorni y, al mismo tiempo, dificultar el seguimiento del flujo de dinero.
Las sospechas no terminan allí. La fiscalía también analiza presuntas inconsistencias patrimoniales relacionadas con la tenencia de divisas y operaciones con criptomonedas. El expediente pone bajo la lupa la declaración de una supuesta posesión inicial de 513.000 dólares, que Adorni atribuyó a la venta de activos y a una inversión en bitcoin realizada con 200.000 dólares que, según explicó, encontró en la vivienda de su padre.
Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que "no hay nada que respalde esa posesión inicial de divisas, la posterior compra de bitcoins como tampoco nada que certifique la venta". A ello se suma otra observación de la fiscalía: los movimientos de dólares en efectivo no guardan relación con la disminución de esos fondos declarada en sus presentaciones patrimoniales. En paralelo, también continúa bajo análisis la refacción de la vivienda ubicada en Indio Cuá. El constructor Matías Tabar declaró que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, le abonaron 245.929 dólares en efectivo, sin facturas ni recibos, además de casi 10.000 dólares por muebles realizados a medida.
Con el avance de las testimoniales, el fiscal Gerardo Pollicita aguarda ahora un informe de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), considerado clave para determinar la magnitud de las inconsistencias patrimoniales. Con ese documento solicitará al juez Ariel Lijo un requerimiento formal de justificación patrimonial para que el exfuncionario explique el origen legal de su fortuna. Si las explicaciones no logran despejar las sospechas, la causa podría dar un nuevo salto procesal: la citación a declaración indagatoria de Manuel Adorni, quien debería responder ante la Justicia federal por una acusación formal de presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.