Las últimas posturas públicas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) en relación a los crímenes de lesa humanidad que perpetró la última dictadura militar que estuvo al frente del país entre 1976 y 1983, dejaron en claro que buscan terminar para siempre con la política que caracterizó a todos los gobiernos democráticos desde hace 40 años, que impulsaron juicios contra los genocidas e investigaron lo que ocurrió.
Al nombramiento del actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, al frente del Ministerio de Defensa, que terminó con la tradición democrática de que sea un civil quien comande esa cartera, y al voto negativo en la prevención contra la tortura en las Naciones Unidas (ONU), se sumaron ahora la información de los cursos sobre "derechos humanos y verdad completa" que impulsó el saliente funcionario Luis Petri entre militares en actividad y en formación, que presentan con el perfil de ser "un mensaje de concordia política y perdón", cuando en realidad es la reconciliación contra la que se luchó durante décadas desde los organismos de derechos humanos.
La llegada de Presti significa una jugada bisagra que impulsa cambios que buscan terminar con la tradición democrática del control civil de las fuerzas, como suele suceder en la gran mayoría de democracias occidentales. El trasfondo de la decisión es la polémica que también surgió cuando fue nombrado al frente de las Fuerzas Armadas. Su padre, Roque Carlos Alberto Presti, fue parte de muchos delitos de lesa humanidad de los que nunca se autocriticó y los cuales su hijo tampoco repudió.
Al mismo tiempo, la votación en contra del repudio a la tortura en la ONU que encabezó el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, el mismo que días antes había puesto en duda la cifra y denuncia activa de los 30 mil desaparecidos que hubo en el país, también significó una decisión política de no retorno. Argentina fue uno de los tres países que votó en contra de esto, junto a Estados Unidos e Israel. Una nueva demostración de sumisión al patronazgo internacional yanqui, que deja atrás una tradición democrática que llevaba el país desde hace 40 años.
Los cursos negacionistas
A los pocos meses de asumir Petri en Defensa, echó a quienes se encargaban de investigar los archivos de las Fuerzas Armadas para encontrar posibles delitos. Al poco tiempo se encargó de sumar a la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario a los asesores Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, ambos hijos de militares fallecidos tras ataques guerrilleros en 1974.
Ambos fundaron en 2005 la Asociación de Víctimas del Terrorismo Argentino (AVTA) desde la cual militaron todas sus posturas negacionistas y justificadoras de los crímenes de lesa humanidad que llevaron adelante los camaradas de sus padres. En su momento Larrabure llegó a pedir una amnistía a los genocidas, cuando en octubre de 2006 impulsó un acto en la plaza San Martín del barrio porteño de Retiro. Allí concurrieron figuras como la negacionista Cecilia Pando y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Larrabure es, además, quien desde fines de año pasado impulsó la liberación de genocidas por el estado de salud en el que se encontraban, que -desde su punto de vista- les impedía estar detenidos en una cárcel. Del lado de de Ibarzábal la presión llegó por parte de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita), quienes en diciembre presentaron un hábeas corpus con el mismo fin.
Ambos "profesionales" se encargaron durante estos años de dar diversos seminarios en liceos militares para hablar de "historia completa". El contenido que allí se brindaba es un misterio porque no es público, pero el diario Página/12 sí se encargó de consultó de indagar al respecto en el Ministerio de Defensa, para saber de qué hablaban y qué materiales académicos utilizaban.
"El ciclo de conferencias aludido se enmarca en la política de derechos humanos y verdad completa impulsada por el gobierno nacional y consiste principalmente en los testimonios de Silvia Ibarzábal y Arturo Cirilo Larrabure, quienes fueron víctimas directas del terrorismo", fue la respuesta oficial que recibió el histórico diario nacional. "Además de narrar sus vivencias y brindar su testimonio genuino, ambos expositores dejan un mensaje de concordia política y perdón que emociona a los interlocutores y es digno de destacar", finalizó la respuesta que le ofreció el director nacional de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, Joaquín Mogaburu.
La respuesta no contuvo ningún tipo de material con el que dan la charla, ya que según afirmaron esta se basa en la experiencia de dos militantes negacionistas que hablan de la "memoria completa" para referirse a la justificación de los crímenes de lesa humanidad, con la actividad guerrillera que existió con fuerza en toda la parte previa al golpe de Estado, pero que para 1976 estaba completamente reducida.