La ley es para los otros
Fueron a pedir que se respete una ley y se llevaron gases en la cara. Un centenar de estudiantes de la UBA, acompañados por pares de la UNLP, la UNQ y la Unsam, terminó desalojado por la Policía Federal del Palacio Pizzurno. Lo que se repite en todos los testimonios es que la protesta había sido una sentada sin violencia.
Todo pasó el miércoles por la tarde noche, en el edificio de la calle Pizzurno donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. Hubo forcejeos en el ingreso con los pocos agentes apostados en la entrada. Ya adentro, los jóvenes se acomodaron en el piso a esperar una respuesta. "Somos estudiantes de la UBA y es una sentada pacífica", repetían.
La espera fue en vano. Ningún funcionario se acercó a dialogar. De acuerdo con lo que los estudiantes relataron a Página/12, Carlos Torrendell, titular de la cartera de Educación, nunca los atendió y tampoco mandó a nadie con una contestación. Lo único que habría enviado, según su denuncia, fueron efectivos policiales.
La lista de demandas iba más allá de los fondos para las casas de estudio. Incluía mejorar los montos de las Becas Progresar, hacer efectivo el boleto educativo, contar con políticas de salud mental y reforzar las partidas para comedores y residencias universitarias.
Valentina Bär Larralde, al frente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, explicó por qué llegaron hasta ahí: "Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la justicia ya sentenció", dijo y avisó que no pensaban moverse: "Se nos acabó la paciencia. Y no nos vamos a ir de acá hasta que se comprometan a cumplir con los reclamos que les acercamos".
Otra de las voces fue la de Isabel González Puente, que le dijo a Infobae: "No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo".
La protesta tuvo un disparador concreto. El martes, el juez federal Martín Cormick le dio la razón al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y declaró inconstitucional el decreto 759/2025.
Esa norma fue la herramienta que encontró Javier Milei para dejar en suspenso la ley, con el pretexto de que el Congreso no había indicado de dónde saldría la plata. El magistrado desarmó ese argumento: la ley prevé su propio esquema de financiamiento en el artículo 9. El recorrido de la norma muestra hasta dónde llega la resistencia oficial: el Congreso la sancionó, el Presidente la vetó y las dos cámaras insistieron con los dos tercios. Ahora un juez ordenó aplicarla, y todavía no se cumple.
Pettovello: "Desalojados" y una denuncia contra los estudiantes
Desde el Gobierno no hubo autocrítica. Como respuesta a los pedidos y de los y las alumnas, Sandra Pettovello publicó en sus redes un mensaje de una sola palabra: "Desalojados". Después, el Ministerio de Capital Humano informó que llevará a los estudiantes a la Justicia.
En su comunicado, la cartera describió lo ocurrido como "una ocupación violenta del edificio" y aseguró que hubo "daños al patrimonio público", pero no detalló ninguno. También dejó en claro que la represión fue una decisión compartida: el edificio se recuperó "mediante un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva y la Policía Federal Argentina".
El texto oficial agregó una advertencia: "Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo. No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta".
El cierre del comunicado fue el que más ruido hizo: "El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas". La contradicción salta a la vista: un Gobierno que esquiva una ley votada dos veces por el Congreso y desoye a la Justicia les exige a los estudiantes moverse "dentro del marco de la ley".
Los jóvenes recorrieron todos los caminos institucionales antes de sentarse en el piso del Palacio Pizzurno y la respuesta fue un operativo policial y una denuncia penal. La lucha universitaria no se termina acá porque el desalojo abrió una semana de protestas que culminará el 15 de octubre con la quinta Marcha Federal Universitaria. Ese mismo día, la oposición buscará en el Congreso tratar la emergencia en discapacidad y voltear el DNU 70/2023.
